Quien ha usado el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) lo sabe: el aeropuerto es amplio, nuevo, cómodo y ha logrado una buena oferta de vuelos de pasajeros asequibles en horarios/destinos que no cubre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Lo que verdaderamente está volviendo inviable al proyecto AIFA no es su oferta aérea, sino su oferta terrestre, particularmente el abuso de los concesionarios de taxis a los consumidores mientras no existe un tren suburbano.
El problema es sencillo. A diferencia del AICM, donde de facto tomar un taxi de aplicación está permitido, en el AIFA la restricción a las aplicaciones es severa e implica multas de más de 50 mil pesos para aquel que ose violarla.
Restringir el uso de Uber y Didi no sería un problema, de no ser porque, a la par de hacerlo, las autoridades no han regulado adecuadamente a los concesionarios de taxis. Esto ha abierto la puerta a abusos desmedidos y con ello a la destrucción silenciosa del proyecto aeroportuario.
Tomar un taxi en el AIFA no solo puede llegar a costar casi lo mismo que un vuelo, puede tomar también el mismo tiempo, pues los concesionarios no tienen suficientes unidades y los usuarios deben esperar hasta dos horas por la llegada de un conductor.
En las últimas semanas, la carencia de taxis se ha recrudecido porque algunos concesionarios dejaron de dar el servicio. Como resultado, ha emergido un mercado gris de taxis “colectivos”, un servicio ofrecido por los propios concesionarios en el que invitan a varias familias a abordar un mismo taxi sin que se les descuente más de 100 pesos del precio original.
Así, sin competencia alguna, sin taxis por aplicación y sin regulación adecuada, los concesionarios de taxis llegan a cobrar hasta 3 mil pesos por cada unidad colectiva.
La situación es tan disfuncional que algunos usuarios han comenzado a hacer subastas, ofreciendo duplicar o hasta triplicar el pago por el servicio con tal de salir del aeropuerto en el próximo taxi disponible.
Las concesionarias están felices. Dicen al gobierno que no pueden ofrecer mejor servicio porque no les salen las cuentas. Y con ello, empujan aún más por que se restrinja el uso de aplicaciones.
Así, de forma silenciosa, la regulación de los taxis del AIFA se ha convertido en el verdadero sepulturero del proyecto aeroportuario que costó 75 mil millones de pesos. No las aerolíneas, no la infraestructura, el simple y llano abuso de los taxistas.
Es tiempo de que las autoridades entren en razón. Si el AIFA todavía no tiene suficiente afluencia de pasajeros como para que las concesiones funcionen, debe permitirse, al menos de forma temporal, que operen los servicios de taxis de aplicación. Las aplicaciones resolverían en cuestión de horas la conectividad del aeropuerto de manera sencilla y con precios más asequibles.
Si lo que se busca es no perder los ingresos de las concesiones, se podría negociar con Uber y Didi una tarifa especial por ingresar al aeropuerto.
Resolver este problema es de altísima prioridad. Cada día en que este problema permanece, es un día más en que miles de turistas resuelven nunca volver a usar el AIFA. El problema es severo y afectará por años al turismo nacional e internacional.
Es bien sabido que, en México, las concesiones de taxis se otorgan por ligas políticas. Las autoridades mexicanas deben preguntarse si mantener tales ligas es suficientemente valioso como para echar a perder por completo la inversión económica y política que hizo el gobierno federal en el AIFA.
Lo contenido en este texto es publicado por su autora en su carácter exclusivo como profesionista independiente y no refleja las opiniones, políticas o posiciones de otros cargos que desempeña.
