Al cuarto para la hora, Morena se está acobardando y todo indica que, presionados por los grandes intereses de quienes han hecho del agua un negocio, el jueves aprobarán una nueva Ley General de Aguas que ha sido diluida en aspectos clave.
Cinco puntos resultan especialmente preocupantes.
Primero, la propuesta inicial incluía tipos penales para castigar abusos relacionados con el agua. Por ejemplo, sancionaba a quien alterara los medidores y hasta contemplaba cárcel para quienes cometieran fraudes. Pero, después de la presión de los grandes concesionarios, las multas fueron disminuidas y los tipos penales eliminados. Con ello, se gestó una gran victoria para los huachicoleros de agua que podrán seguir haciendo de las suyas sin temer repercusiones graves.
Un segundo problema es que la nueva ley no abordará el problema de la evasión fiscal en el pago del agua. Muchas grandes empresas explotan concesiones de agua sin cubrir los derechos correspondientes. Esa falta de recaudación ha generado un hueco de 56 mil millones de pesos en las finanzas públicas que continuará sin cobrarse.
Otro retroceso importante tiene que ver con la transferencia de concesiones de agua entre particulares. En la versión original de la ley, las transferencias solo podían hacerse si había suficiente agua disponible en la zona. Ahora eliminaron esa condición. Eso reduce la capacidad del Estado para controlar el uso del agua, convertirla efectivamente en un derecho y evitar que se acapare.
Un cuarto problema es que se les devuelve a los organismos de cuenca la facultad de expedir nuevas concesiones de agua. La propuesta original quería que esa decisión la tomara únicamente la oficina nacional de Conagua para evitar que los organismos locales, que muchas veces están controlados por intereses privados o políticos de la región, siguieran repartiendo el agua a conveniencia. Al devolverles ese poder, se mantiene intacta la red de favores y privilegios que ha beneficiado a los mismos grupos durante años.
Finalmente, un quinto problema es que la ley también deja en la oscuridad varios temas importantes porque decide aclararlos después, mediante reglamentos que ya no tendrán que ser discutidos en el Congreso.
Es cierto que la nueva ley incorpora mejoras: un registro público más robusto de las concesiones, mayor regulación del mercado secundario de transmisiones entre particulares y sanciones explícitas al acaparamiento. También es verdad que el presupuesto para inspecciones de Conagua aumentará significativamente en 2026.
Sin embargo, sin cambiar estos cinco puntos el balance general de la nueva ley será cuestionable.
Morena debe tener el valor y no dejar ir la oportunidad de construir una ley de aguas verdaderamente transformadora y capaz de enfrentar la crisis hídrica que ya tenemos encima. Hay tiempo para hacer ajustes.
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