Este mes se presentó en El Colegio de Jalisco el libro ¿Cómo nos arreglamos? En el que Don Ernesto Canales Santos, abogado de empresa, mecenas y luchador social en favor de las causas para mejorar nuestro sistema de justicia, impulsor de Fundación Renace, que patrocina la defensa legal de personas de bajos recursos; apoyó estudios y actividades académicas y sociales para reducir el abuso en la aplicación de la prisión preventiva; fue el productor del destacado documental Presunto culpable, entre otras acciones e iniciativas.
En este libro Don Ernesto da testimonio de sus experiencias como Fiscal anticorrupción de Nuevo León, pionero en este encargo en el país. En primer término, describe la gravedad del problema de la corrupción como un fenómeno sistemático y que se ha normalizado en nuestra vida pública. Señala que la corrupción es la raíz de muchos de nuestros problemas nacionales como la ineficiencia del sistema de justicia, proliferación del crimen organizado, mala calidad de los servicios y obras públicos, entre otros.
Estima Don Ernesto que en torno de un acto de corrupción en la obra pública están involucradas al menos, cincuenta personas. Esta extensión y normalización es la que provoca que cualquier iniciativa en contra de la corrupción sea vista como una amenaza por parte del todo el sistema, por lo que enfrenta sólidas y articuladas resistencias. La burocracia tiene fuertes incentivos para no denunciar, ocultar información y mantenerse al margen de las investigaciones.
Curiosamente al día siguiente de que leí el libro, me tocó escuchar una entrevista radiofónica en la que participó el Fiscal anticorrupción de Jalisco, el Dr. Gerardo De la Cruz. Señalaba, como Don Ernesto, que la reforma al andamiaje constitucional del sistema anticorrupción no ha sido secundado por la reforma integral del marco legislativo de las acciones de auditoría y fiscalización. No hay acceso a las declaraciones fiscales (incluso en muchos casos las declaraciones patrimoniales) ni a la información bancaria. En la novela Todos los hombres del presidente en la que se describen los sucesos en torno al caso Watergate, que derivó en la renuncia del Presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, el informante les orientaba: “sigan la ruta del dinero”. En nuestro país, todavía esta ruta es opaca y muy sinuosa para ser seguida.
Además de estas limitaciones legales, los principales obstáculos para el combate a la corrupción se pueden sintetizar en dos grupos: las limitada capacidad de investigación de las fiscalías; que contrasta con los funcionarios corruptos de alto perfil (“peces gordos”) que disponen de recursos económicos casi ilimitados, relaciones políticas y sociales, así como la posibilidad de contratar abogados, contadores y asesores de alto nivel técnico.
Las fiscalías no cuentan con policías ni detectives especializados en ámbitos como las auditorías contables y procedimientos de fiscalización; los funcionarios suelen crecer de saberes especializados en el derecho administrativo, corporativo y fiscal. Falta de asesoría en contabilidad y finanzas, así como de peritajes especializados.
A pesar de estas limitaciones y enfrentar estos desafíos la Fiscalía anticorrupción de Nuevo León dio resultados alentadores: investigó 170 denuncias, llevo ante los jueces 27 casos con 59 imputados, logrando la vinculación a proceso de 28 de ellos. En dos casos el juez decretó la prisión preventiva de los imputados.
El libro muestra la agenda de transformación legal e institucional, así como de fortalecimiento de las instancias de fiscalización y persecución de la corrupción, pero sobre todo da evidencia de que la integridad y el profesionalismo de servidores públicos comprometidos puede revertir la espiral de impunidad y corrupción.
guillermo.zepeda@coljal.edu.mx
@gzepeda_lecuona
