En Jalisco, los plazos vencen con la misma naturalidad con la que se pospone lo urgente y se disimula lo esencial. Tres casos recientes —la reforma judicial, la creación de la Fiscalía Antitortura y el informe del SIAPA— exhiben un patrón que ya parece hábito, la omisión.
La reforma judicial estatal debía armonizarse con el mandato federal publicado en el Diario Oficial el 15 de septiembre de 2024. En Jalisco, el plazo venció el 15 de marzo; han pasado más de seis meses y el estado sigue sin cumplir. El argumento ha sido el desacuerdo entre bancadas, pero la parálisis responde más a la indolencia política, a la falta de cuidado en los plazos legales, más que al debate jurídico. Mientras otros 25 estados ya avanzaron, aquí se sigue discutiendo si los jueces deben elegirse por voto popular que si se usa o no la tómbola, si el Tribunal Administrativo pertenece o no al Judicial, si el cambio será en 2025 o hasta el 2027. La justicia, mientras tanto, continúa atrapada en el pantano de la indefinición y los niveles de impunidad al máximo.
El segundo caso es aún más grave. La Fiscalía Especializada en Delitos de Tortura, ordenada por la Suprema Corte desde enero de 2024, fue aprobada por el Congreso local en agosto de 2025 y debía publicarse veinte días después. Pero en Jalisco, simplemente no ocurrió. Con ello, impide que entre en vigor una institución creada para investigar un delito sistemático, documentado en hospitales, albergues, cárceles y calles. El mensaje es desolador, pues en Jalisco, la tortura sigue siendo tolerada por omisión deliberada.
Y el SIAPA, que logró un aumento tarifario del 9.65% con la promesa de un plan de acción integral, tampoco cumplió. Alega que “trabaja en ello” mientras contrata despachos, sigue dilapidando dinero público y pospone la entrega de resultados. Ninguna sanción, ningún costo. Solo el agua que escasea y la confianza que se evapora entre los usuarios.
Tres plazos vencidos que retratan una constante, la falta de consecuencias y de responsabilidad política. En Jalisco, la ley no caduca, pero su cumplimiento sí. Y cuando el Estado convierte el retraso en la norma, lo que expira no son los plazos, sino la credibilidad institucional en el cumplimiento de las leyes.
