México no atraviesa el surgimiento de un régimen autoritario. Lo que ocurre es un fenómeno más interesante y filosóficamente complejo: un cuestionamiento profundo al modelo democrático instaurado en los años noventa y, en consecuencia, una transformación en los mecanismos de acceso y ejercicio del poder.
Existen múltiples formas de democracia. La que se consolidó en México durante los noventa —resultado de una alianza entre el PRI neoliberal, el PAN empresarial y las élites intelectuales de la capital— se distinguió por favorecer el gobierno de las minorías.
Con ello me refiero a que privilegió la creación de instituciones expresamente diseñadas para limitar la capacidad de decisión de los sectores populares (considerados con frecuencia irracionales, clientelares o carentes de preparación) y para dificultar la formación de mayorías legislativas (vistas como potencialmente abusivas).
Así, México construyó una democracia bastante sui generis: una en la que la formación de mayorías parlamentarias estaba, en la práctica, prohibida —ningún partido puede contar con más de 300 legisladores— y donde gran parte de las decisiones en materia de regulación y política pública se concentraban en órganos deliberadamente aislados de la ciudadanía, controlados por expertos y técnicos cuyas alianzas de clase tendían hacia los sectores empresariales, no hacia los trabajadores.
En retrospectiva, era previsible que este tipo de democracia emergiera en México durante los noventa. La llamada “transición democrática” fue impulsada por grupos con escasa conexión con las clases populares y una profunda desconfianza hacia ellas: tecnócratas, intelectuales urbanos y empresarios. Además, dicha transición ocurrió en pleno auge del consenso neoliberal global, una época en la que, como en su momento señaló el politólogo Yascha Mounk, el “liberalismo no-democrático” se presentaba como una alternativa legítima e incluso deseable.
El modelo democrático creado en México en los noventa tenía muy buena prensa, pero nunca gozó realmente del respaldo mayoritario.
Por ello, el PAN —principal beneficiario de tal sistema— jamás se consolidó como un partido verdaderamente nacional. De hecho, hasta 2017, la mayoría de los estados eran gobernados por el PRI. De manera similar, el ala tecnocrático-neoliberal del PRI tampoco tuvo grandes triunfos electorales a nivel local. El PRI que realmente ganaba gubernaturas era el PRI más tradicional: políticos con arraigo territorial, vocación popular y capacidad de movilización, no de tecnócratas.
La democracia que México creó en los noventa fue extraordinariamente funcional para las clases medias profesionales, los intelectuales y los empresarios, pues les permitió tomar decisiones sin tener que construir consensos amplios ni dialogar con el territorio. Pero no representó a la mayor parte de los mexicanos.
Morena ascendió en gran medida por su crítica a ese modelo de democracia. Su propuesta actual es crear una democracia donde quien gana adquiere capacidad efectiva para gobernar e implementar su agenda, con menos espacios de poder reservados a élites profesionales o tecnocráticas y donde la toma de decisiones aspira a anclarse en el respaldo popular.
Para los arquitectos de la democracia noventera, lo que propone Morena se percibe como un colapso del orden democrático, porque para ellos, en cierta forma, lo es: las instituciones que les permitían dirigir al Estado desde posiciones minoritarias se están desvaneciendo.
Hoy gobernar les exige hacer algo que nunca han hecho y que quizá nunca puedan hacer por su propia condición de clase: persuadir, dialogar y convencer a las mayorías. El gobierno de la minoría aislada ha dado paso a un gobierno donde quien gana tiene el derecho de gobernar.
Y ello implica también que quien gana tiene el derecho de cometer errores y ser juzgado por ellos en las urnas. Si esto se mantiene, México no habrá dejado de ser una democracia, se habrá convertido solo en una democracia muy distinta.
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