Que Antonio Juárez Trueba es quien llega este martes al Congreso a rendir cuentas, y francamente, ni cómo ayudarlo. Su gestión al frente del SIAPA se presenta con un balance desastroso: las calles llenas de socavones y fugas recurrentes son la prueba viviente del colapso de la red de agua. La promesa de renovar 4 mil 250 kilómetros de tuberías en el sexenio se estrella contra la realidad de su primer año, donde apenas reporta poco más de 12 kilómetros reemplazados. Ante este fracaso, Trueba se perfila como el primer sacrificado político del gobierno de Pablo Lemus. Sin embargo, su posible remoción es solo un intento de buscar un chivo expiatorio para un problema que es estructural. La crisis del SIAPA va mucho más allá de su titular; es un problema de subinversión crónica, mala administración y falta de planeación que hundirá a cualquier director.
Que la puesta en marcha del Canal Judicial de Jalisco en el 17.4 de televisión abierta es, sin duda, un avance en materia de transparencia y comunicación judicial. El anuncio del titular del STJJ, José Luis Álvarez Pulido, sobre una transmisión continua de 24 horas y la producción de 38 programas es una buena noticia, ya que acerca la justicia a la ciudadanía y cumple con el deber de rendición de cuentas. Sin embargo, y precisamente por la gran expectativa e importancia de este proyecto, es fundamental que la información no se quede en lo general. Aunque se mencionaron categorías amplias como “transmisiones del Pleno, espacios informativos, análisis jurídico, contenidos infantiles y piezas educativas”, existe una notable falta de detalles sobre la parrilla de programación concreta y el listado exacto de los 38 programas.
Que los datos son contundentes y reflejan una realidad que miles de jaliscienses viven con temor: Jalisco se mantiene como uno de los estados con más robos a casa habitación en el país. El problema se concentra con fuerza en la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde municipios como Zapopan y Tlajomulco muestran una tendencia alarmante al alza, especialmente en fraccionamientos nuevos con poca vigilancia. Si bien es positivo que se reporten detenciones y se apliquen penas severas, esto resulta insuficiente. Urge una política preventiva que fortalezca la vigilancia en colonias vulnerables y ataque las causas.
