Siete policías de absoluta confianza de Carlos Manzo y su viuda, Grecia Quiroz, fueron detenidos por la fiscalía del gobierno morenista de Michoacán.
“Homicidio calificado en comisión por omisión” es el delito de que se les acusa.
No se informa en perjuicio de quién lo cometieron: ¿del alcalde o de su asesino?
Ese delito aplica cuando la muerte de una persona resulta de que alguien con la obligación legal o contractual de proteger a la víctima no hace lo necesario para evitar el atentado. Tal inacción se considera equivalente a una acción que causa la muerte, y se califica así, porque el (o los) acusado (s) tenía (n) la intención de no proteger a quien se tenía bajo resguardo.
¿Los siete acordaron permitir al asesinato de Manzo y/o de su asesino?
Suman más que los tristes cuatro identificados (tres muertos) y asociados al Cártel Jalisco Nueva Generación, pero no se les achaca pertenecer a la banda.
Las capturas de los policías parecen más una presurosa fabricación de cómplices y culpables que resultado de una investigación imparcial y profesional.
El oficialismo desborda su prisa por cerrar el caso, dejar en duda la inteligencia del claridoso adversario del obradorato y socavar el creciente movimiento de El Sombrero que fundó.
Hacía poco el fiscal estatal, Carlos Torres, reconoció que los guardaespaldas se mostraban dispuestos a colaborar; el secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo al principio que no había indicios de que tuvieran ligas con la delincuencia organizada, y virtualmente los avaló: “De hecho, es uno de los propios escoltas el que mata al delincuente”.
Sin atribuciones ministeriales, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla especuló sobre el papel de los escoltas:
“Al homicida lo detienen y momentos después hay forcejeo y un solo disparo que abate al homicida”, dijo, sembrando la sospecha de que, sometido ya, el sicario fue ultimado para silenciarlo.
Siendo opositores a la 4T los de El Sombrero, se impone la creación de una fiscalía independiente, como cuando la viuda Diana Laura Riojas pidió que las averiguaciones del asesinato de Luis Donaldo Colosio las encabezara el intachable abogado Miguel Montes.
El gobierno identificó los cadáveres de Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, quienes tenían órdenes de esconderse y consiguieron escapar, pero aparecieron muertos en una carretera. Fueron, dice la versión oficial, cómplices del homicida Víctor Manuel Ubaldo Vidales, cuya identidad se conoció hasta que su familia reclamó el cuerpo.
Se capturó vivo a Jorge Armando “N”, El Licenciado o El Contador, jefe de las narcoplazas de Uruapan, Pátzcuaro, Morelia y Cuitzeo, como coautor intelectual del asesinato de Manzo.
“Todo es muy raro, caracho”, diría el imprescindible Gil Gamés.
Y aguas:
Con la misma lógica de la acusación contra los policías de confianza del matrimonio Manzo-Quiroz, a los custodios del “primer círculo” de la presidenta Claudia Sheinbaum procedería también consignarlos, por acoso y abuso sexual “en comisión por omisión...”.
