En una de las etapas más cruentas de la malhadada guerra del narco, los viajeros de autobuses que transitaban por el norte de Tamaulipas eran secuestrados por máquinas de guerra que se activaron de manera extraordinaria a partir de 2010, cuando el gobierno de Felipe Calderón y el de Estados Unidos dieron el rol protagónico de sus operaciones supuestamente antidrogas a la Marina.
A partir de ese momento, por su condición geográfica y orográfica, San Fernando se volvió epicentro del horror. El 22 de agosto de ese año fueron asesinados ahí 72 migrantes de diversos países que tenían como destino la frontera con Texas, a fin de cruzar a EU.
En dicha masacre confluyeron diversas disputas económicas de los cárteles, pero también la visión estadunidense que estima que México debe impedir el flujo de migrantes hacia su territorio. En ese sentido, esta masacre funcionó como amenaza para futuros migrantes: no vengan a cruzar, el muro de la barbarie les impedirá hacerlo.
¿Hubo entonces en este crimen atroz algún tipo de intervención disuasoria por parte de las autoridades de ambos países? No lo sabemos.
Como tampoco sabemos aún los detalles de las cerca de 50 fosas comunes clandestinas encontradas meses después —abril de 2011— ahí mismo en San Fernando, de las cuales se exhumaron los restos de por lo menos otros 193 viajeros que habían sido detenidos, asesinados y enterrados.
Para tratar de saber lo que sucedió en esta región donde el periodismo, el activismo y la investigación forense están amenazados de muerte para realizarse con profundidad, la reportera Marcela Turati se adentró en los procesos judiciales llevados a cabo por la entonces PGR, publicando en 2015 un reportaje donde exhibía una gran cantidad de inconsistencias.
En respuesta a su denuncia periodística, Turati empezó a ser espiada y acosada so pretexto de un proceso legal que se le abrió junto a otras dos investigadoras independientes del caso: la abogada Ana Lorena Delgadillo y la antropóloga forense Mercedes Doretti.
Ayer, The Washington Post reveló esta canallada que debe ser castigada a la par de reactivar las preguntas sobre lo que sucedió en realidad en San Fernando y que 10 años después alguien aún con poder sigue impidiendo que se dé a conocer.
Diego Enrique Osorno
deo@detective.org.mx
