El acceso a la justicia es un derecho humano, de cuyo cumplimiento depende la concreción de muchos otros derechos. Para que cumpla su función —esencial para el estado de derecho— la impartición de justicia debe ser un espacio neutro, en el que todas las personas tengan oportunidad de defenderse y de hacer oír su voz, en igualdad de condiciones y sin discriminación. Junto a la salud, la educación y la seguridad, la justicia forma parte de los servicios estatales más fundamentales; los que definen al Estado mismo.
Con todo, frente al riesgo que representa la presente pandemia del covid-19, la protección de la vida y la salud de las personas adquiere una urgencia y una prioridad que debe dar forma y contenido a todas las estrategias, políticas y medidas estatales que se adopten en esta coyuntura. Tratándose de la impartición de justicia, ello supone establecer una priorización, que permita dar el mayor acceso posible a la justicia, sin poner en un riesgo directo la vida y la salud de los servidores públicos de la Judicatura.
Al respecto, las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos han llamado a la racionalización de los servicios que prestan los sistemas de justicia, a la identificación de los casos que resulten prioritarios en los que deba asegurarse el acceso, así como al uso generalizado de las tecnologías de la información para hacer frente a las circunstancias. Nuestra propia Constitución establece que el Estado está obligado a garantizar el derecho de acceso universal, equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías de la información y comunicación, así como a integrar a la población a la sociedad de la información y del conocimiento.
Estos derechos constitucionales —indivisibles e interdependientes— a la justicia y al acceso a las tecnologías de la información convergen en el concepto de e-justicia, referido a una administración judicial en la que queden atrás los legajos, las fojas, los tomos y los expedientes, para dar paso a archivos digitales, audiencias virtuales y notificaciones electrónicas.
Tal revolución tecnológica ya está en marcha. Hoy en día, es posible presentar cualquier demanda ante el Poder Judicial de la Federación, sin más requisitos que contar con una firma electrónica y tener acceso a un dispositivo electrónico. No solo tratándose del juicio de amparo, sino en todas las materias de las que conocen los juzgados y tribunales federales, así como la Suprema Corte. No hay, en la actualidad, ningún juicio, recurso o incidente que no pueda ser presentado a través de medios digitales.
Estamos transitando hacia un nuevo modelo de justicia, en el que la regla será la tramitación electrónica de la mayor parte de las controversias del orden federal. Tenemos ya la capacidad para tramitar todos los asuntos totalmente en línea, lo que a su vez asegurará una mayor accesibilidad, transparencia y rendición de cuentas.
La apuesta por la e-justicia ha sido prioritaria en el Poder Judicial de la Federación en esta administración. Desde inicios de 2019 se emprendió un esfuerzo renovador sin precedentes que, de no haber existido, hubiera hecho imposible la realidad que hoy vivimos: la de una justicia federal abierta y accesible, aún en las condiciones adversas que vivimos. Una justicia lista para resolver los conflictos y controversias que se le presenten en todas las materias de su competencia, en forma masiva y a la distancia. Una justicia digital, con la capacidad de llegar a todos los rincones del país, a través de los servicios de defensoría pública y asesoría jurídica gratuita, cuya expansión ha sido también de la primera importancia bajo mi presidencia.
Los desafíos son aún muchos; el camino es aún largo, pero la exigencia de los tiempos es inapelable e inaplazable. La justicia digital llegó para quedarse y el Poder Judicial de la Federación sabrá estar a la altura de tales exigencias, con sensibilidad, responsabilidad y esmero, hasta alcanzar la justicia moderna, cercana e igualitaria que nuestra Constitución asegura para todas las personas. Juntos saldremos adelante.
