El Presidente Donald Trump, por conducto del Fiscal General Jeff Sessions, anunció el proceso de cancelación del programa iniciado por el ex Presidente Barack Obama, conocido por sus siglas en inglés como "DACA" (Deferred Action for Childhood Arrivals), lo cual implica una acción ejecutiva de diferimiento en la aplicación de la ley migratoria a quienes, durante su niñez, llegaron a los Estados Unidos de América, concediéndoles un plazo de 3 años para recibir servicios del gobierno, aunque tengan una ilegal estancia en dicho país.
Desde su implementación, en 2012, esta acción ejecutiva tuvo grandes críticas por parte de los legisladores republicanos, al ser considerada un abuso de poder del Presidente por invadir las facultades conferidas en la Constitución al Congreso estadounidense, y que políticamente le fue muy favorable de entre sus seguidores. Lo anterior fue derivado de la fracasada empresa de lograr una reforma migratoria que protegiera a los inmigrantes con ilegal estancia en el país. Y no es extraña la crítica a las acciones ejecutivas en general, que se distinguen de las órdenes ejecutivas y de los memorandos ejecutivos, todos ellos expedidos por los presidentes, sin un claro sustento.
Desde el anuncio hecho por parte del Fiscal General, el Presidente Trump ha recibido, una serie de críticas por la acción tomada, sin embargo, el movimiento es claramente un acto de presión al Congreso, por ser ahora la instancia ante la cual deberá debatirse la reforma migratoria, cada vez más reclamada por ese pueblo. Desde un punto de vista pragmático, la acción tomada por el Presidente Trump transformará al programa DACA de Obama, en un factor que ahora sea identificado en beneficio del primero, y es que, por declaraciones subsecuentes, en caso de que el congreso no avance en la necesaria reforma migratoria, se emitiría un nuevo programa, pero con bases legales, que sin lugar a dudas, tomaría la forma de una orden ejecutiva que tenga satisfechos a los intereses de los estados que se encontraban listos para demandar al gobierno federal y, ante lo cual, el fiscal General Sessions no estaba dispuesto a defender.
En el fondo, el programa del ex presidente se sostenía solo de la buena voluntad del Presidente en turno, pues al no estar sustentado en la Ley, quedaba a merced de la política establecida en cada periodo. Basta con observar lo que ocurrió en 2016 con la votación en empate 4 a 4 entre los ministros de la Suprema Corte, ante la muerte inesperada del Ministro Antonin Scalia, que dejó subsistente la suspensión definitiva del programa DAPA, por sus siglas en inglés, que significa la Acción Diferida para Padres de Estadounidenses y Residentes Legales, hermano del controversial y actual DACA.
Lo que ocurra en los próximos meses en el país vecino será de gran interés en el nuestro por las consecuencias respectivas que ocasionen, sin embargo, deben estar tranquilos los beneficiarios actuales de DACA, pues una deportación masiva, además de ser de difícil ejecución, no se presenta como el fin último de la acción de cancelación. Por el contrario, el fin es interesar a dichos beneficiarios en las políticas republicanas, que les concedan un beneficio permanente y no temporal.
ROBERTO MENDOZA ZARATE
