Coahuila se ha consolidado como una de las entidades más seguras del país. No es casual que ciudades como Piedras Negras, Saltillo o Torreón aparezcan de manera recurrente entre las urbes con mejor percepción de seguridad, según la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del Inegi. Durango, por su parte, mantiene niveles de incidencia delictiva muy por debajo de estados como Guerrero, Michoacán o Baja California. En ambos casos, los equilibrios de baja violencia se han sostenido sobre un elemento clave: la existencia de monopolios criminales relativamente estables.
En Durango y Coahuila, ese monopolio ha sido ejercido principalmente por los Cabrera Sarabia, aliados de Ismael El Mayo Zambada y de El Mayito Flaco. Este grupo ha logrado dominar buena parte de las operaciones criminales en la capital duranguense y en la Comarca Lagunera. Su consolidación ha dependido, en gran medida, de acuerdos tácitos con sectores de los gobiernos locales. En Coahuila, el grupo ha optado por la autocontención en el uso de la violencia, privilegiando la cooperación funcional con autoridades locales. El resultado ha sido beneficioso para ambas partes: las drogas sintéticas fluyen hacia el norte y el cristal se distribuye, pero sin estallidos de violencia visibles ni delitos de alto impacto contra la población.
Es cierto que el Gobierno coahuilense ha invertido en profesionalizar a sus policías y consolidar sus instituciones judiciales. Gracias a ello ha logrado responder con eficacia ante incursiones en el norte del Cártel del Noreste, que han sido repelidas con rapidez. Pero sería ingenuo atribuir la estabilidad solo a la coordinación institucional que tanto pregona el Ejecutivo estatal. La autorregulación criminal ha sido un componente decisivo para mantener la relativa paz.
El problema de depender de un equilibrio basado en baja competencia criminal es su fragilidad. Basta un evento disruptivo para romperlo, como ha ocurrido en Sinaloa. La guerra entre Los Chapitos y La Mayiza se ha extendido a Durango, donde ya se registran enfrentamientos y asesinatos de alto impacto, y amenaza con propagarse hacia la región lagunera de Coahuila. La participación de los Cabrera Sarabia en este conflicto los ha obligado a destinar recursos humanos y materiales, debilitando su control sobre zonas estratégicas como Durango capital y La Laguna. Este debilitamiento no ha pasado inadvertido: grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación y La Línea/La Empresa han intensificado sus intentos por avanzar desde Zacatecas y Chihuahua hacia la región.
El resultado ha sido un repunte de hechos violentos en distintos puntos de Durango –incluido Gómez Palacio– y un aumento de las extorsiones en áreas controladas por los Cabrera. Ante ello, el Gobierno de Coahuila ha desplegado una gran cantidad de elementos policiales en La Laguna, consciente de que la estabilidad construida en los últimos años se encuentra en riesgo.
El equilibrio criminal que ha sostenido la seguridad en Durango y Coahuila pende de un hilo. Si el esfuerzo del Gobierno de Coahuila por contener el avance de la guerra hacia su territorio fracasa podría desencadenarse una espiral de violencia que reconfigure todo el mapa criminal del norte del país. Quizá –solo quizá– el Gobierno de Durango podría ayudar un poco.
José Andrés Sumano Rodríguez*
Programa Investigadores por México Secihti-El Colef
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