Hoy en día, México atraviesa uno de los momentos más decisivos en su vida política, pues la consolidación de su incipiente democracia liberal depende de la actuación efectiva de sus actores políticos, sus instituciones, y también de su sociedad civil. Estos avances definirán el rumbo de la consolidación de la democracia liberal mexicana. Los mexicanos vistos como súbditos alcanzaron derechos nada despreciables como el voto, pero no adquirieron la capacidad de hacer valer otros derechos que son inherentes a los ciudadanos en otras democracias. (Rubio, 2002).
Históricamente, la ciudadanía era un estatus que sólo los hombres podían tener; en este sentido la ciudadanía se amplió hasta abarcar a todas las personas, hombres y mujeres, independientemente de su condición social, es decir, de su pertenencia a las clases populares o las clases acomodadas, de si son de tez blanca o negra, de si pertenecen a un determinado grupo étnico o a otro.
Para que las mujeres pudieran acceder como representantes dentro de la esfera pública tuvieron que esperar varias décadas desde que se les dio el derecho a votar a nivel municipal y estatal de sus derechos políticos hasta el momento en que varias mujeres accedieron a diferentes cargos de elección popular. Por esta razón, esta columna es realizada en colaboración con Angélica Mendieta, directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP.
Así, es importante considerar que el 6 de diciembre de 1977 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que modificó 17 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con ello, se abrió la puerta para que, por primera vez, una mujer fuese postulada a la Presidencia.
Las estadísticas de género al respecto nos muestran una realidad de desigualdad de género muy marcada, ya que, hoy por hoy, las mujeres en México no alcanzan el 20% en las curules del senado de la república y tampoco llega al 24% en la cámara de diputados. En cuanto a las 2,438 presidencias municipales en el país, las mujeres no representan el 5%.
Es un común que entre más subimos en la escala jerárquica de los puestos de la administración pública menos mujeres hay y a la inversa, entre más bajamos más mujeres hay. Esto es, cuanto más alto es el cargo, más clara resulta la brecha entre géneros. Si la presencia masiva de mujeres en las esferas públicas es un indicador de la democratización de las relaciones de género en la sociedad mexicana, su desigual presencia de mujeres en cargos de elección popular y en altos puestos de la administración pública demuestra la persistencia de injusticias.
El nuevo artículo 175a dispone que “de la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas de diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el IFE, en ningún caso incluirán más del 70% de candidatos propietarios de un mismo género”. Asimismo, el artículo 175c establece posibles amonestaciones públicas en el caso de que un partido político o coalición no cumpla con los incisos previos de este mismo artículo.
El liderazgo y la participación política de las mujeres es un tema en la agenda internacional de los derechos humanos, sin embargo, han sido excluidas y discriminadas en todas las esferas, entre ellas la de la vida pública, impidiéndoles acceder a estructuras de poder y de toma de decisiones, (Bareiro y Soto, 2015).
La Cedaw, considerada la Carta de los derechos humanos de las mujeres que establece que los Estados deberán tomar todas las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país. En México se ha insistido en la incursión de la mujer, la necesidad de garantizar sus derechos civiles y políticos, la conveniencia de su incorporación al desarrollo y, más recientemente, la necesidad de transversalizar un enfoque de género en todas las políticas públicas para lograr realmente la igualdad.
ANA BELÉN RUIZ
