La imposición de rectores o estatutos desde el poder en nuestras universidades nunca le ha traído buenos réditos a México. La marcha del 10 de junio de 1971 se originó en solidaridad con la Universidad Autónoma de Nuevo León, cuando disposiciones más abiertas y democráticas aprobadas por estudiantes y maestros fueron estranguladas por los poderes fácticos de Monterrey por medio de un brutal recorte presupuestal. Las protestas desatadas hicieron recular al consejo y caer al gobernador Eduardo Elizondo, y el jueves de Corpus el grupo paramilitar conocido como Los halcones se insertó para siempre en el léxico de la represión patria.
La pugna entre el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Presidente tiene, hasta ahora, menos sangre pero más asegunes en su cauda. Primero que nada porque antes de que López Obrador, vía su impresentable directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, les impusiera un rector claramente impopular y atado al discurso del poder; les recortara dos terceras partes del presupuesto; interviniera su libertad de cátedra; les llamara corruptos, derechizados, conservadores y manipulados por los aspiracionistas de Aguilar Camín y de Krauze; les cancelara fideicomisos esenciales para la investigación y destituyera al director de su sede de Aguascalientes, a la secretaria académica y a la directora de evaluación “por rebeldía”, no pocos maestros y estudiantes del CIDE fueron entusiastas porristas del candidato de Morena, filmando incluso algunos chicos un largo video mostrando sus credenciales y comprometiéndose a sufragar por él en el 2018. Y no, no es aceptable esgrimir la blandengue excusa del “no podía saberse” que las tendencias autoritarias, oscurantistas, demagógicas y corruptas del tabasqueño siempre han estado allí, visibles muchos años antes de las pasadas elecciones en ejemplos tan floridos como las ligas de Bejarano, la cachaza de Ponce en Las Vegas, el eterno plantón sobre Reforma, la condescendencia con las bandas criminales de la capital y su uso político y faccioso de la justicia desde el caso Ahumada hasta todos los demás.
Ante las protestas y las marchas convocadas, Fuenteovejuna señala al CIDE con el dedo y le espeta el consabido “se lo merecen”. Se les reclama, también, que nunca alzaron la voz por los niños sin medicinas, por el ecocidio en Yucatán y por ese largo etcétera de desgracias que nos ha traído la presente administración, y que solo brincaron cuando el agua les llegó a sus propios aparejos. Todo eso es cierto, pero es como decir que la chica merecía que la violaran porque usó minifalda. ¿Por qué defender entonces a un CIDE que le apostó con todo a quien, una vez en el poder, lo acogota? Porque, se lo haya buscado o no, el ataque contra esa institución es también un atropello contra la autonomía, la libertad, el conocimiento y la democracia. Si dejamos pasar las trapacerías de López Obrador con base en el juicio que hagamos de sus víctimas, estaremos usando los mismos parámetros mezquinos que caracterizan al Presidente. Y será entonces cuando México dejará de tener salvación posible.
Roberta Garza
@robertayque
