El preámbulo del infierno mexicano que hoy vivimos comenzó en Uruapan, Michoacán, poco antes de las dos de la mañana del 7 de septiembre del 2006, cuando una veintena de encapuchados entró al antro Sol y Sombra cargando unas bolsas negras que abrieron para arrojar sobre la pista de baile a cinco cabezas humanas.
Dos meses después Felipe Calderón, a petición expresa de Lázaro Cárdenas Batel, entonces gobernador michoacano y hoy jefe de la oficina de la Presidencia, declararía su guerra contra el narco, un fracaso de cabo a rabo que sumó desde el 2006 al 2018 cerca de 300 mil cadáveres. Cuando López Obrador llegó a Palacio proclamó el conocido abrazos, no balazos, mofándose de las víctimas al tiempo que trataba con respeto y hasta obsequiosidad a los capos. Pero los muertos, y el poder del crimen organizado, no hicieron sino aumentar, arañando las 200 mil tumbas sólo en su sexenio. Su sucesora parece haber regresado a una estrategia más combativa contra los cárteles, pero el desprecio hacia las víctimas, y los asesinatos, siguen imparables.
Este pasado Día de Muertos, Uruapan parece haberse convertido, de nuevo, en la cuna de una inflexión. Carlos Manzo, el alcalde que abandonó Morena e hizo campaña como independiente antes de ser inaugurado apenas hace dos meses, fue asesinado en plena fiesta. La última foto de esa noche lo retrata sonriente, con su hijo pequeño en brazos. Minutos después, un sicario le metería cinco balas de 9 milímetros.
Manzo nunca dejó de pedirle ayuda al gobierno federal, erosionando la propaganda oficial que mañana tras mañana trata de vendernos un Pejéxico inexistente. Como Bernardo Bravo, el líder limonero ejecutado hace poco más de una semana, Manzo pedía cero tolerancia ante los cárteles, denunciando vocalmente al de Jalisco por las extorsiones y muertes que desangraban a Michoacán, pero también a Alfredo Ramírez Bedolla, el gobernador morenista que ganó gracias a la certera injerencia del narco en las pasadas elecciones, y a una administración federal incapaz de frenar el flagelo. Una y otra vez le pedía a Sheinbaum que fuera a Uruapan para que viera de primera mano el dolor de la ciudadanía: “a la presidenta este país ya se le fue de las manos”, solía decir.
Bajo el gobierno de Ramírez Bedolla, 7 alcaldes han sido asesinados en Michoacán. Pero esta última ejecución parece estar levantando una efervescencia inusual en una población hasta hoy abúlica y desorganizada ante un gobierno incapaz e insensible. Las marchas en Morelia en honor del alcalde terminaron bajo las macanas de los policías estatales. Otra más, modelada en las que tumbaron a los gobiernos de Nepal, Sri Lanka y Kenia, ha sido llamada para el 15 de noviembre en la capital del país; ya veremos en qué acaba ese nunca reprimiremos al pueblo. Lo que sigue igual es una Presidenta que, en vez de avocarse a esclarecer el crimen, prefirió culpar a un mandatario que dejó el poder en 2012, llamó a investigar a los convocantes a la merecida protesta, desdeñó a las víctimas e ignoró a los ciudadanos.
Ojalá que esta vez no quede todo en una marcha más para un cadáver más.
