La guerra verbal que se ha desatado entre congresistas de Estados Unidos, además de algunos gobernadores como el de Texas, Greg Abbott, o el exfiscal (en tiempo de Trump) William Barr, contra la postura que asume el gobierno mexicano en torno a la libertad con la que actúan los cárteles mexicanos y las facilidades que encuentran los narcotraficantes para introducir droga a su país y especialmente fentanilo, se basa en el supuesto de una franca pasividad de las autoridades de nuestro país ante la delincuencia organizada. De ahí sus amenazas de presionar al presidente Biden y a su gobierno, para que se tomen medidas drásticas como la de declarar a las organizaciones criminales como “terroristas” y hasta de dar razones para una eventual intervención de las fuerzas armadas norteamericanas a fin de someterlas.
Esto, además, vino a fortalecerse con la agresión contra un grupo de sus ciudadanos en la ciudad de Matamoros e incluso la muerte de dos de ellos. Aunque se ha determinado que las víctimas no eran quizá unas inocentes palomitas turisteando en México, el suceso causó una indignación tal en la Unión Americana que remonta a los tiempos en los que el llamado cártel de Guadalajara que encabezaba Rafael Caro Quintero en los ochenta, torturó y asesinó al agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena Salazar. Igual que ahora, la situación no estuvo lejos de ocasionar una crisis entre los presidentes Miguel de la Madrid y Ronald Reagan, que aparentemente se arregló permitiendo que la DEA interviniera a fondo en el territorio nacional para castigar a los autores del crimen, dentro de la denominada “Operación Leyenda”. Y quizá muchos olviden que quien era entonces secretario de Gobernación y responsable del sector de seguridad nacional, era nada menos que el hoy intocable Manuel Bartlett.
Viene esta conocida historia al caso precisamente por la reacción del presidente López Obrador ante estos reclamos de los políticos estadounidenses, acusando franco injerencismo en asuntos internos de México y, ya en otro nivel de lenguaje, llamando “mequetrefes” y otras linduras a quienes proponen una actuación más firme de Estados Unidos para frenar el tráfico y desde luego a los grupos traficantes de droga. Hay una razón que pesa mucho para ellos: el hecho de que se estima que mueren cien mil de sus habitantes sólo por el consumo de fentanilo proveniente de México. Sin embargo, AMLO se pone en un plano del que tampoco saldría bien librado que digamos. Así, además de insultar a los que han osado amagar a nuestra soberanía, advierte que -sólo Dios sabe cómo-, moverá la voluntad de los ciudadanos de en aquel país, para que voten contra los republicanos. Si en el vecino país el presidente convocara a que en México se votara contra determinada corriente política en México, no tardaríamos en señalar duramente su injerencismo. Pero es precisamente al revés, de aquí provendría ese llamado desde el mismísimo Palacio Nacional para orientar tendencias en las elecciones de nuestros vecinos. Mayor injerencismo, imposible.
Sin embargo, para López Obrador no es raro que se mueva en dos aguas. En los casos de Bolivia cuando dio asilo a Evo Morales (asilo que finalmente fue desdeñado por el hasta le fecha protegido de México) y más recientemente la defensa a ultranza del depuesto presidente Pedro Castillo, la posición dictada por López Obrador a la Secretaría de Relaciones Exteriores (¿qué pensará en el fondo Marcelo Ebrard de los papelitos obligados que debe hacer?), tiene todos los visos de franco injerencismo bajo la modalidad de tratar de influir en temas de otros países para imponer sus propios criterios. Esto, en Perú, ocasionó ya el retiro de su embajador en México y, entre otros, el reclamo de la presidenta interina Dina Boluarte para que se le entregue ya a ese país sudamericano la presidencia de la Alianza del Pacífico, como le corresponde, a lo que se niega López Obrador porque califica de espurio ese gobierno.
Bajo la bandera de la soberanía, de esta manera, López Obrador busca en apariencia convertirse en una especie de paladín entre los que son de sus preferencias ideológicas o a quienes considera marginados, aunque se trate de dictaduras manifiestas. Su parcialidad e incongruencia en cuanto a las políticas hacia los gobiernos de estos países es interpretada como una pretensión de liderazgo muy parecida a que en su tiempo observó Luis Echeverría y que terminó en un fiasco. A Cuba la condecora, a Venezuela le da cobijo, incluso a Nicaragua, donde su presidente Daniel Ortega ha hecho de todo para ganarse el repudio mundial y hasta la severa crítica del mismo Papa, AMLO le da discreto espaldarazo al negarse a una condena obligada por encarcelar, deportar y desaparecer disidentes, además de su atroz gobierno.
Los conceptos de soberanía y de intervencionismo o injerencismo, son pues manejados a discreción por nuestro presidente. Claro que sería intolerable pensar en que Estados Unidos tuviera cualquier intervención, peor si fuera armada, en nuestro país, pero fuera de discursos esto no sucedería. Lo que sí es que el embajador Ken Salazar ha empezado a subir de tono la exigencia y es que la tolerancia, por decir lo menos, hacia los grupos criminales ha desbordado en el fuerte rechazo, con consecuencias impredecibles, lo cual de por sí será ya un fracaso si no un posible desastre para México.
Miguel Zárate Hernández
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