Tener que escuchar a Trump decir que vio lo ocurrido el fin de semana en México como si fuera la prueba de que nos estamos desbaratando y de que su intervención es necesaria y urgente, es el epílogo, ojalá, de una marcha que no pudo estar peor manejada por parte de un gobierno que dio cátedra de intolerancia e incapacidad.
La intolerancia. Los opositores al gobierno, los de siempre y los de ocasión, se sumaron a una convocatoria de la supuesta Generación Z y marcharon contra el gobierno. Se vale. Parapetados o no, detrás de una etiqueta oportunista, los opositores suelen aprovechar cualquier ocasión para denunciar a un gobierno con el que no coinciden. Así pasa en las democracias. Y, además, resulta que en nuestro país hay muchas coyunturas que pueden llevar a que cristalice la indignación (esta vez el asesinato de Carlos Manzo), el rechazo a la corrupción (los escándalos que viene arrastrando Morena desde el verano) y el cansancio frente a la incapacidad (de ya varios gobiernos) para resolver una inseguridad que atemoriza y empobrece. Las condiciones están ahí, y a veces son unos (los morenistas) y a veces otros (Salinas y la ultraderecha) los que logran juntar a los agraviados y convierten esa amalgama en un misil político contra el poder en turno. La estrategia de los opositores puede gustar o no, pero la legitimidad de los marchistas no puede ponerse en duda, ni en este caso, ni en el de los padres de Ayotzinapa, ni las madres de los desaparecidos, ni las feministas, ni los de Frena. Le toca a quien es gobierno saber manejar estas situaciones (que de milagro no son más frecuentes dada la situación). La Presidenta del país podría denunciar, con pruebas, que la marcha está siendo convocada desde el extranjero, pero no descalificar a los marchistas por ser adultos, fifís y derechistas. Y si piensa que están siendo manipulados, olvida que, fuera de los que pudieran haber sido coaccionados, los demás tienen que ser tratados como adultos que saben lo que hacen. Además, todos los mexicanos (incluido Salinas, y eso es mucho decir) deberían poder marchar a un Zócalo donde ondee la bandera de México. Su repetida ausencia en eventos opositores revela el monopolio que el movimiento en el poder cree tener sobre México y lo mexicano, y lo excluyente de su visión.
La incapacidad. Es responsabilidad del gobierno —y de nadie más— que nuestra democracia no termine siendo rehén de los violentos y que el derecho a la manifestación acabe secuestrado por un grupo de vándalos. No se trata de hacer llamados a los manifestantes para que lo hagan pacíficamente: el gobierno de la Ciudad de México debe tener la capacidad de identificar y desactivar al llamado Bloque Negro. Es increíble que llevemos varias administraciones de la Ciudad (desde el 1 de diciembre de 2012 por lo menos) hablando de un grupo de choque anarquista sin que las autoridades tengan plenamente identificados a sus miembros, lo que los mueve y la forma en que se organizan.
Las manifestaciones tendrían que poder realizarse sin vallas intimidantes, sin amurallamientos vergonzosos que proyectan la impresión de que enfrentan a un poder amenazado y débil, y manifestantes potencialmente vandálicos y subversivos. Las manifestaciones no tendrían que acabar con policías desquitándose a golpes con manifestantes y periodistas después de haber resistido dos horas agresiones continuas.
Merecemos más.
