Política

Una corte a modo

Quedaba un baluarte de la separación de poderes, una esperanza que hoy se desvanece con la Ley Zaldívar, esa que propone regalarle un par de años más al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, y a los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal igual. Ello garantiza tener a un presidente del Poder Judicial, todo parece indicar, a modo, para lo que resta del sexenio, uno que evite estorbar ante las decisiones que se tomen desde Palacio Nacional, que deje de lado el tema de la inconstitucionalidad de las reformas pues queda claro que ésta que es inconstitucional no será rebatida en ningún momento.

Hoy tal vez más que nunca dos de los tres poderes del estado están siendo dominados por el Poder Ejecutivo, en una clara muestra de plenipotencia no vista tal vez desde los años de gobiernos como el de Gustavo Díaz Ordaz. La Suprema Corte hoy sin duda atravesará por una de sus peores crisis de credibilidad y parece ser que su principal función de defender y preservar los preceptos constitucionales estarán fuera dejando todo al designio del Poder Ejecutivo que no pretende ceder un ápice cuando de tomar decisiones unilaterales se trate.

Parece ser que hoy la moda es la de violentar la Carta Magna, si una propuesta es inconstitucional, ¡reformemos la Constitución! al fin se trata que las leyes se amolden a un estilo de gobierno y no al revés, pareciera que lo poco que avanzamos en materia de derecho lo estamos perdiendo y pronto nos estaremos lamentando de esto.

La Carta Magna claramente establece en el párrafo cuarto del artículo 97 que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durará únicamente cuatro años en el cargo y que no podrá ser reelecto para el periodo inmediato siguiente. Pero eso parece no importarle ni a la misma Corte.

Lo que temo es que se estará atentando contra la independencia judicial, fundamental para el funcionamiento adecuado de una democracia, pues constituye la base de la separación de poderes y de las garantías del debido proceso.


Miguel Ángel Puértolas

miguel.puertolas@milenio.com

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