El primer día hábil de 2023, el 3 de enero próximo, los once ministros que la integran deberán elegir al nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Son cinco los aspirantes y de entre ellos surgirá quien encabezará ese poder de la Unión.
Cobra relevancia pues se trata de la persona en quien recaerá durante los próximos cuatro años la representación del Poder Judicial, y del Consejo de la Judicatura Federal órgano que entre otras cosas se encarga de vigilar el buen desempeño de los jueces.
No obstante, a nivel del ciudadano de a pie, pasa casi desapercibido si se le compara por ejemplo con la renovación del Congreso de la Unión cada tres años, o la Presidencia de la República, cada sexenio.
Más allá del hecho de que no participa activamente en la renovación de éste, vale la pena apuntar que no por ello deja de tener un impacto directo en su vida diaria. La cultura de la legalidad y la certidumbre en la impartición de justicia no es un asunto menor.
Mucho se ha mencionado los costos que la impunidad, la corrupción y la inseguridad implican para la sociedad en su conjunto y estos son temas que recaen también sobre el ámbito de competencia del Poder Judicial.
La justicia que se imparte en México dista mucho de ser lo ideal, o al menos, lo deseable. Además de un marco jurídico adecuado, un mejor trabajo de las fiscalías estatales, se requieren jueces capaces, íntegros y autónomos. Y en ello tiene su razón de ser la Judicatura.
Por lo que a la Suprema Corte respecta su trascendencia como tribunal constitucional hace desear que avance en consolidar su independencia, sobre todo respecto a las injerencias del Poder Ejecutivo, para que las sentencias que dicte sean conforme al espíritu de las leyes y no a capricho de quienes detentas los poderes reales o fácticos.
Una declaratoria de constitucionalidad, la sentencia de un amparo en revisión e incluso una jurisprudencia requieren de la mayor independencia e imparcialidad posible, no solo para ser justos en sí, sino para ganar en legitimidad ante la sociedad.
En el pleno, esos once ministros, hombres y mujeres tienen en sus manos mucho más que asuntos burocráticos que dirimen diferendos y definen destinos. Tienen el poder de dictar la última palabra.
Mario A. Arteagaarteagadominguezc@gmail.com
