Llegado el momento de la definición de los presupuestos de egresos para el 2026, conviene que los representantes populares en las cámaras de diputados, tanto del Congreso local como en San Lázaro fiscalicen la efectividad de los programas sociales.
De no hacerlo, se corre el riesgo de aprobar las solicitudes por inercia: si en el presente ejercicio fiscal se destinó cierta cantidad, tendrá sentido actualizar la cifra con base en la inflación, o respecto al incremento de componentes, o el aumento en número de beneficiarios. Será fácil perder de vista que en materia de desarrollo social, y sobre todo cuando el recurso es escaso, evaluar el desempeño permite conocer si el rumbo es el adecuado.
Contar con indicadores claros, concretos, ponderables, mesurables en la política social es como contar con una brújula finamente calibrada, que permite navegar sobre la incertidumbre respecto a si el gasto que se destina está siendo correctamente focalizado.
Lamentablemente, los nuevos programas sociales en el país no destacan por su detallada confección técnica, sino que se vuelven cada vez más generalizados, como si la universalidad fuera una aspiración justificable en sí misma a rajatabla.
Si se revisan los apoyos sociales, fijémonos por un momento en aquellos considerados “insignia”, está muy diluido el perfil del beneficiario, solo categorías generales, si acaso algún nivel de carencia social vagamente definido, si es que lo hay.
Los propósitos no enuncian exactamente cuál es el impacto que se busca generar en el mediano o largo plazo, qué problema específico resuelven, cómo contribuyen estratégicamente a la consecución de objetivos.
Al escuchar ayer la comparecencia ante el Senado de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, me queda claro que hablar de generalidades no es definir una política social. Cuando los recursos son escasos, generalmente provenientes de hipotecar el futuro de las próxmas generaciones echando mano de créditos que se aplican directamente a fondearlos, o bien, se priorizan recursos presupuestales a los programas de apoyo, mientras se deja sin fondear la obra pública, gastar el dinero en el reparto a discresión no es la mejor manera de diseñar un presupuesto responsable.
