Las circunstancias económicas y la necesidad de movilización para el servicio a domicilio ha llevado a nuestro estado a un incremento en el uso casi masivo de la motocicleta, pero con consecuencias alarmantes en el renglón de seguridad.
La estadística estatal señala el registro de más de 49 mil motos pese a que 6 de cada 10 de ellas carece de documentos. El crecimiento ha sido de 74.3% en los últimos 5 años, lo que ha llevado a legisladores a regular su uso, pero también en vista del incremento de accidentes viales.
Países como Argentina y Colombia fueron líderes en reglamentar el uso y consecuentemente, a supervisar los riesgos, como también lo hizo México al actualizar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial desde el año 2022, incluyendo reglas a las agencias que las venden.
En Tamaulipas nuestros legisladores por iniciativa del diputado de esta ciudad, José Schekaibán Ongay, modificaron la Ley de Tránsito en sus artículos 19 bis y 19 Ter al mencionar específicamente regulaciones para el uso y la seguridad, aprobándola en mayo de 2024. Quizá en la próxima reforma se incluya la obligatoriedad del empleador respecto a su responsabilidad en la capacidad de conductor contratado.
Con el incremento del uso, se presentó un alarmante 126% en una década del aumento del accidente fatal en el país, afirmación de la Fundación Aleática para la Seguridad Vial del Motociclista, puesto que en 2023 hubo mil 927 fallecimientos (13% más respecto al año anterior), revelando su Monitor de Seguridad que México se aleja de la meta internacional de reducir a la mitad la fatalidad y accidentes graves hacia 2030.
Según su presidente Bosco Martí, 7 de cada 10 fatalidades viales corresponden a motociclistas, ciclistas y peatones.
En la capital del país se han diseñado ciclo-vías para la protección de esos usuarios, pero siguen los atropellamientos, así como en nuestra zona conurbada del sur, en que la estadística refleja un accidente fatal por semana, lo cual es alarmante y exige a las autoridades a imponer fuertes restricciones para el uso de la vía pública aplicando el Reglamento que incluya el uso de medios protectores.
No basta con lamentos y lectura de fría estadística, la autoridad debe actuar ya para salvaguardar a los usuarios de motos, bicicletas y peatones, antes de que la omisión convierta a los conductores en homicidas y se multiplique el luto en las familias.
