Conforme se despliega en los hechos el llamado segundo piso de la 4T, va quedando claro que su diseño no incluye la variable de crecimiento económico.
Pasa el tiempo y en lugar de que el gobierno ofrezca condiciones atractivas a la inversión, se dan pasos políticos que la inhiben e incluso la amenazan.
Algunos de esos pasos son lesiones institucionales difíciles de revertir, como la invención de un Poder Judicial de consigna, bajo control del gobierno.
Otros pasos derivan de supuestos principios innegociables de soberanía, como las disposiciones en materia energética, petróleo y electricidad, que violan compromisos del T-MEC y serán piedras en el zapato a la hora de renegociarlo.
Hay, además, las restricciones impuestas al amparo, que limitan la defensa de particulares frente al Estado, en especial la defensa de los inversionistas, que se quedan inermes ante los actos de autoridad que afecten sus empresas.
Mención aparte merece el uso político de la nueva Suprema Corte, dispuesta a fungir como brazo del gobierno para cobrar impuestos a grandes contribuyentes, negando a morosos la posibilidad de seguirse defendiendo, como ha hecho con Ricardo Salinas Pliego, o reabriendo casos ya juzgados por ella misma, como se dispone a hacer con Femsa.
Las consecuencias están a la vista. México tendrá un 2025 de crecimiento muy bajo, si acaso 0.5%, y algo parecido en 2026, pues todas las expectativas de inversión privada y de crecimiento por parte de los actores económicos presentan un consenso a la baja.
Para cubrir sus compromisos de gasto, el gobierno está dispuesto a crecer la deuda pública en proporciones un tanto suicidas, pero no a cambiar sus políticas de presión sobre el sector productivo por las vías convergentes de cobrar más impuestos y negar garantías a la inversión.
No creo, a estas alturas de los hechos, que el gobierno padezca ceguera o desconocimiento de la tendencia anticrecimiento en que está metido.
Creo que este camino es parte de su proyecto, un “modelo” de semiestancamiento económico con reparto de dinero en efectivo y poder político suficiente para obtener, donde lo haya, el dinero extra que el “modelo” necesita.
No hay nada nuevo en el modelo; es, en embrión, el de Venezuela y Cuba.
