México sigue siendo uno de los países más letales para moverse. Según la OMS, ocupamos el séptimo lugar mundial en muertes por siniestros viales; el INEGI reporta más de 16 mil fallecidos al año y cerca de 140 mil heridos graves.
Detrás de cada cifra hay una tragedia evitable. Y, sin embargo, tres años y medio después de promulgada la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV, mayo 2022), todavía hay 12 entidades que no han homologado sus marcos normativos locales. Doce.
Es decir, más de un tercio del país sigue operando con reglamentos obsoletos, contradictorios o francamente irresponsables. La Coalición Movilidad Segura lleva años —desde antes incluso de que existiera la ley general— exigiendo exactamente esto: un piso mínimo nacional de derechos y obligaciones en las calles.
No piden utopías; piden lo básico: jerarquía de la movilidad que priorice al peatón y al ciclista, límites de velocidad urbanos de 30 km/h en zonas escolares y residenciales, alcoholímetro en todo el país sin excepciones locales, sanciones reales a quien conduzca ebrio o hablando por teléfono, sistemas de licencias por puntos, regulación efectiva de motocicletas y transporte de carga. Cosas que en cualquier país medianamente serio ya son rutina.
¿Por qué no se ha hecho? Porque en México la seguridad vial nunca ha sido prioridad política. Los gobernadores prefieren inaugurar puentes y distribuidores viales que salvan minutos a los automovilistas antes que salvar vidas. Prefieren el aplauso fácil del “ya no hay tráfico” al trabajo incómodo de enfrentar a las poderosas cámaras de transporte, a los concesionarios corruptos, a los policías que siguen recibiendo su “mordida” por no poner infracciones serias.
La excusa más repetida es “falta de recursos”. Mentira. Homologar no cuesta miles de millones; cuesta voluntad política. Se trata de modificar leyes locales, capacitar policías de tránsito (que ya cobran sueldo) y aplicar lo que ya está escrito en la Constitución desde la reforma del artículo 4° en 2022: toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
Los gobernadores que siguen pateando el bote están, literalmente, matando gente por omisión. Cada mes que pasa sin homologar son cientos de vidas que podrían haberse salvado. Y no es exageración: el Banco Mundial calcula que reducir 10 km/h la velocidad media en zonas urbanas disminuye 40% las muertes. Solo eso. Imaginen el impacto de aplicar todo el paquete.
Ya no hay tiempo para diagnósticos ni foros bonitos. La sociedad civil, encabezada por la Coalición Movilidad Segura, ha hecho su parte: presentó iniciativas ciudadanas, acompañó congresos locales, generó evidencia irrefutable. Ahora le toca a los congresos estatales restantes aprobar las reformas antes de que termine 2025. Y a los gobernadores firmarlas sin pretextos.
Porque si no lo hacen, que quede claro: no es ignorancia, no es falta de dinero, no es complejidad técnica. Es decisión deliberada de seguir sacrificando vidas en el altar del statu quo y el negocio sucio del transporte.México ya no puede seguir siendo el país donde morir atropellado es casi normal. Basta.
