El enorme paquete de reformas constitucionales enviadas a las cámaras por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido interpretado como una jugada esencialmente electoral. Más allá de los propósitos de cada una de las iniciativas, que merecerían un análisis por separado pues se trata de temas sumamente variados, en conjunto podrían ser percibidas como populares, sea porque buscarían un beneficio al poder adquisitivo de los sectores mayoritarios (jubilación, salario mínimo), o porque otorgan mayores atribuciones al voto universal (elección de ministros, mayor peso a las consultas populares). Justamente, porque son interpretadas como favorables para las mayorías, al margen de que sean factibles o convenientes, es que representan una ventaja electoral para el partido en el poder. Si no son aprobadas, como es probable porque requieren un voto superior al equivalente de dos tercios de los legisladores, cosa que el gobierno no tiene, supondrán una factura política en contra de los partidos de oposición. Oro molido para la recta final de la campaña electoral.
Más que apuntalar el triunfo de su candidata a la presidencia, algo que prácticamente tiene asegurado, lo que intenta el presidente es mejorar la cosecha de escaños y curules en los comicios de junio. Como sabemos, su plan B para completar los cambios legislativos que le han sido negados, consiste en obtener la mayoría constitucional en el próximo Congreso y eso requiere, como primer paso, ganar prácticamente todos los distritos y una votación nacional superior al 68%. Una proeza poco probable pero que el presidente no considera imposible. De allí la necesidad de recurrir a todas las estratagemas disponibles. De conseguirlo, el nuevo Congreso se instalaría el 1 de septiembre y coincidiría todavía con los últimos 30 días del sexenio de López Obrador, tiempo suficiente para que él obtuviese todos los cambios constitucionales que quiera.
Habría que decir que por primera vez en mucho tiempo la oposición ha reaccionado con relativa astucia a la estrategia de Palacio. De manera sorpresiva, los tres partidos de la Alianza y la propia candidata han señalado que podrían aprobar un par de estas reformas: el decreto que garantiza aumentos al salario mínimo por encima de la inflación y la jubilación de los trabajadores con el 100% de su salario. Es una respuesta hábil. Por un lado, atenúa el enfoque binario que pretendía el presidente: “nosotros buscamos el beneficio del pueblo, los conservadores lo rechazan, vota por nuestros legisladores”. La oposición devuelve una dura pelota a la cancha del mandatario porque la regresa con una condición: demuestre de dónde va a sacar los recursos para financiar el enorme costo de ese incremento en las jubilaciones.
No es fácil responder a esa pregunta. De manera vaga el presidente había mencionado que para hacerlo recurriría al ahorro que significa eliminar los organismos independientes y de competencia (otra de las reformas propuestas), pero evidentemente los números no dan para eso. Sacarlos de cualquier otro lado implica un costo político (del salario de los trabajadores activos, de los patrones, del presupuesto con cargo al recorte de otras cosas, del endeudamiento o de una combinación de todas ellas).
Asumo que López Obrador no recogerá el desafío y preferirá no abordar el tema de manera explícita o tratarlo con cifras vagas. Se supone que no iba a ser aprobado, por lo cual la iniciativa no exigía un análisis de sus implicaciones. Es probable que el asunto termine en una batalla de narrativas entre el presidente y sus adversarios con poco espacio para el debate real: él insistiendo en que los conservadores se oponen al interés popular al rechazar sus iniciativas; ellos asegurando que están a favor de los pobres, pero no de manera demagógica sino realista. En el contexto polarizado en el que nos encontramos puede anticiparse que los conversos de cada lado asumirán sus respectivas tesis, pero aquí se trata de una disputa por el voto indeciso. Probablemente López Obrador lleve las de ganar, aunque esta vez la oposición tiene argumentos para no enfrentar el vendaval totalmente inerme.
Una razón adicional que motivaría a López Obrador a presentar estas reformas, se dice, es anticipar una especie de agenda de trabajo para Claudia Sheinbaum durante su próximo sexenio. Al no poder reelegirse, López Obrador estaría intentando lo más cercano a ello: definir el programa de su sucesora. Parecería un argumento lógico, pero no coincido del todo.
Son reformas que requieren una mayoría constitucional. Si López Obrador no lo consiguió hace cinco años y no lo consigue el próximo junio, todavía en su turno, imposible asumir que Claudia Sheinbaum vaya a obtenerlo en las elecciones intermedias de 2027. Si el presidente logra su plan B y conquista para sí mismo 30 días con mayoría constitucional, en estricto sentido no necesita a Sheinbaum para imponerlas. Y si fracasa en su intento no puede pretender que su sucesora vaya a conseguirlo. No es pues, o no principalmente, una carta de obligaciones para Claudia, pues no tendría manera de llevarlas a cabo.
Me parece más bien, que además de una artimaña electoral, es en realidad un pronunciamiento sobre su legado político. Las reformas completan el ideario ideológico y político de su paso por la presidencia: “algunas cosas pude, otras las intenté, pero los adversarios del cambio las impidieron”, apuntará en su propio epitafio político. En conjunto, ambas, constituyen el corpus de su propuesta de transformación de México con el cual el mandatario querría ser recordado cuando ocupe su lugar en el panteón de la historia.
