Las protestas y manifestaciones públicas han formado parte del escenario político de México durante décadas. La movilización ciudadana se ha convertido en un elemento fundamental para expresar inconformidades, exigir justicia, demandar cambios institucionales o defender posturas frente a decisiones gubernamentales. A través del análisis de encuestas nacionales recopiladas por Parametría es posible observar cómo los mexicanos perciben las marchas, qué tan informados están sobre ellas, cuáles consideran legítimas, cuáles son sus motivaciones atribuidas y qué impacto creen que tienen en la sociedad y en las instituciones.
De acuerdo con los resultados, 70% de la población cree que todas o la mayoría de las marchas están justificadas, mientras 28% considera que solo algunas lo están. Únicamente el 2% opina que ninguna marcha se justifica. Estas cifras reflejan una valoración relativamente positiva del derecho a la protesta en abstracto.
Asimismo, 57% cree que las marchas ocurren porque las autoridades no atienden las demandas ciudadanas, frente a 41% que atribuye las protestas a una costumbre cultural de inconformidad. Esta interpretación resalta una percepción de ineficiencia o insensibilidad gubernamental como detonante de la movilización social.
No obstante, la opinión sobre el impacto negativo de las marchas es contundente: 90% de los mexicanos cree que afectan a terceros, especialmente en la Ciudad de México, donde la cifra llega a 98%. Esto muestra una tensión clara: aunque la mayoría reconoce la legitimidad de las marchas, casi todos perciben sus repercusiones como problemáticas, particularmente en términos de movilidad urbana y perturbación del orden público.
Ante la pregunta sobre regulación, 64% cree que las marchas deben permitirse, pero estar reguladas, y 32% considera que deberían prohibirse. Finalmente, en cuanto al uso de la fuerza pública para controlar manifestaciones que afectan a terceros, las opiniones están divididas: 43% está de acuerdo y 46% en desacuerdo. Esto refleja el dilema entre la protección de derechos y el mantenimiento del orden.
El apoyo a las marchas es igualmente notable: 46% está de acuerdo con ellas, y solo 28% expresa desacuerdo. También se observa cierta participación directa: 8% afirma haber asistido a alguna de las manifestaciones, una cifra relativamente alta para estándares mexicanos. Sobre la efectividad, 16% considera que las marchas ayudarán mucho a lograr justicia, 38% cree que ayudarán poco y 34% piensa que no ayudarán en nada. La percepción de escepticismo sobre la efectividad es considerable, aunque eso no disminuye el apoyo moral al movimiento.
Un ejemplo de los niveles de aceptación de las marchas puede ser la denominada “marcha por la democracia”, realizada el 18 de febrero de 2024. La encuesta muestra que 38% de la población supo de la marcha, mientras que 62% no tuvo conocimiento. Esta cifra es menor que la registrada en movilizaciones previas (como las marchas a favor del INE en años anteriores), lo que podría indicar una disminución en la capacidad de convocatoria mediática o una menor cobertura.
En cuanto a la participación directa, solo 2% afirma haber asistido, mientras 24% dice no haber participado, pero estar de acuerdo con los motivos de la movilización. Por otro lado, 16% declara no estar de acuerdo y 45% se mantiene indiferente. La proporción de indiferencia es particularmente significativa: casi la mitad de la población no posiciona una postura clara respecto al evento, lo que sugiere desconexión o desinterés hacia este tipo de protestas.
Al analizar la percepción del propósito de la marcha, 56% cree que fue una protesta contra el presidente López Obrador, mientras solo 19% la ve como una defensa de la democracia. Esta interpretación sugiere que gran parte de la ciudadanía considera la movilización como una manifestación político-partidista, más que como un movimiento cívico. La narrativa gubernamental pudo haber influido en esta percepción, así como la polarización política del país.
Uno de los movimientos sociales más emblemáticos en la historia reciente de México es el relacionado con la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en 2014. La encuesta revela un nivel de conocimiento excepcional: 98% de los encuestados estaba enterado de las marchas, un porcentaje inusualmente alto en comparación con otros casos. Esto muestra el profundo impacto nacional y la indignación social generada por la tragedia.
Otro tipo de protesta altamente visible fueron las marchas organizadas en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) frente a la reforma electoral. En 2023, 60% de la población conoció de la marcha, porcentaje mayor al de la marcha por la democracia. La participación personal fue baja (1%), pero 23% apoyó los motivos sin participar, mientras 29% estuvo en desacuerdo.
Un elemento central es la atribución de motivaciones políticas: 62% cree que quienes participaron lo hicieron en contra de la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador, mientras solo 13% piensa que estaban a favor. Asimismo, más de la mitad (56%) considera que quienes organizaron la marcha lo hicieron para proteger intereses personales o de grupo, frente a 28% que cree que fue para defender la democracia. Este patrón es similar al observado en la marcha por la democracia.
Los datos presentados muestran un panorama complejo sobre las marchas en México. Aunque la mayoría de la población considera que las protestas están justificadas y reconoce que suelen surgir porque las autoridades no atienden las demandas, las percepciones varían ampliamente según el tipo de protesta, el contexto político y los actores involucrados.
En general, las marchas feministas y las de Ayotzinapa gozan de mayor legitimidad moral y de mayor conocimiento ciudadano. Las marchas vinculadas a disputas político-electorales son percibidas con mayor sospecha o como protestas partidistas. La marcha organizada por el gobierno recibe altos niveles de percepción de acarreo. Existe un amplio consenso en que las marchas afectan a terceros, y la mayoría apoya su regulación. La población muestra altos niveles de desinformación sobre diversos movimientos, lo que influye en la construcción de percepciones.
Este conjunto de datos permite comprender mejor el comportamiento social frente a la protesta y contribuye a un análisis más profundo. La marcha realizada recientemente el 15 de noviembre será evaluada en la última medición del año de Parametría para observar sus niveles de conocimiento, credibilidad, legitimidad y aceptación, y sobre todo la percepción sobre los niveles de responsabilidad de la violencia observada en el evento.
