Muy comentado ha sido el incremento del gasto en pensiones en la reciente discusión sobre el paquete económico 2024. Lo que se comenta poco es que ese gasto viene a saldar una deuda social que se adquirió hace más de 25 años. Cuando en 1997 se diseñó el sistema de cuentas individuales, por lo demás indispensable dado el cambio demográfico de México, se partió de algunos supuestos equívocos que hoy se han corregido.
Hasta antes de 1997, las pensiones del seguro social se pagaban a los trabajadores en retiro a partir de las cuotas y aportaciones de los patrones y trabajadores activos, así como del gobierno en turno. La dinámica demográfica de finales del siglo XX, sin embargo, hizo este esquema inviable, pues conforme la esperanza de vida crecía, aumentaba el número de pensionados y disminuía la proporción de trabajadores en edad productiva. En otras palabras, mientras las necesidades de financiamiento crecían, las fuentes se reducían. Esto, además, agravado porque las cuotas para las pensiones, en vez de acumularse en un fondo colectivo cuando había pocos pensionados, se utilizaron para otros fines, como el financiamiento de la infraestructura médica.
La solución a esto en muchos países, particularmente en América Latina, fue la creación del modelo de ahorro individual: en lugar de que los trabajadores jóvenes financiaran a los pensionados, cada trabajador se haría cargo de ahorrar a lo largo de su vida laboral para contar, llegado el momento, con un monto suficiente para sostenerse en su retiro. En México, este ahorro se administra en cuentas individuales a través de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).
El problema de la reforma de 1997 fue suponer que un ahorro de 6.5 por ciento del salario durante la vida laboral sería suficiente para que, al momento de su retiro, las y los trabajadores tuvieran en su cuenta individual lo suficiente para comprar una renta vitalicia de al menos un salario mínimo (de 1997 actualizado por inflación), o bien, que hubieran cotizado mil 250 semanas (25 años) al seguro social para que el gobierno federal les pagara una pensión mínima garantizada (PMG) de ese mismo monto.
Lo que no se consideró entonces fue que en México la alta informalidad laboral hacía que fuera una excepción y no la regla que un trabajador cotizara a la seguridad social de manera continua durante toda su vida laboral: solo una minoría de los trabajadores mexicanos acumulan cotizaciones al seguro social por 25 años; de hecho, de acuerdo con el diagnóstico de Consar (2019), la densidad de cotización promedio de nuestros trabajadores es de solo 44.3 por ciento. Esto significaba que para 2021, cuando la primera generación de trabajadores sujetos exclusivamente a la ley 97 buscara pensionarse, la mayoría ni siquiera alcanzaría el derecho a una PMG, pues en promedio tendría acumulados solo 11 años de cotizaciones y no contaría en sus cuentas con un ahorro para una pensión suficiente.
Ante esto, el gobierno del presidente López Obrador promovió, junto con la industria del SAR, una reforma que se aprobó en 2020. Entre otros aspectos, se incrementó la contribución a la cuenta individual de 6.5 a 15 por ciento, gradualmente entre 2023 y 2030, y se redujeron las semanas cotizadas necesarias para una PMG de mil 250 a 750 (también crecen gradualmente hasta alcanzar mil en 2030). Esto último ha sido crucial para la mayoría de los primeros retiros de ley 97; de hecho, 93.2 por ciento de las pensiones otorgadas desde 2021 corresponden a personas con menos de mil 250 semanas cotizadas, es decir, que se beneficiaron con este cambio (Consar, 2023).
Paralelamente, en 2018 se instituyó la Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores (PBAM). Con ello, todas las personas de 65 o más años reciben una pensión financiada por el gobierno federal. Así, incluso los trabajadores que se retiran por la Ley del Seguro Social de 1997 ya no gozan solo del beneficio de una PMG con menos semanas cotizadas, sino que a éste se suma el ingreso del PBAM. En los hechos, la actual administración ha creado un sistema mixto con un pilar contributivo, en las cuentas individuales y otro no contributivo o solidario, en el PBAM. En ambos componentes hay un elemento solidario intergeneracional a través de los recursos fiscales que el Estado aporta.
Es verdad que el nuevo modelo presentará en un futuro retos de fondeo, todos ellos resolubles, que deberán atenderse en su momento. Mientras tanto, lo que no podía verse como solución era ignorar a cientos de miles de personas que, en ausencia del rescate, se hubieran quedado sin pensiones dignas: esa era la deuda social a saldar. Más adelante será necesario fortalecer aún más ambos pilares del sistema, en particular en lo relativo al financiamiento en el no contributivo y en los incentivos al ahorro voluntario en el contributivo, pero el nuevo modelo mixto mexicano es sin duda mucho más robusto que el previo a 2018 y claramente el más sólido de América Latina.
