El más reciente ridículo de la Fiscalía General de la República siguió la peor de las estrategias jurídicas, pero la mejor de las maniobras electoreras de regímenes autoritarios.
La escandalosa ofensiva de la 4T contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García v no le ha quitado, hasta ahora ni su riqueza ni su libertad ni el poder público.
Las imputaciones de evasión fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada, entre otras, hasta el momento solo han conseguido que Cabeza de Vaca gaste miles de pesos en abogados, pago de fianzas y –seguramente- en traslados y hospedajes. Hasta ahora no ha pisado la cárcel ni se le ha declarado culpable, pero ahora vemos que esos no eran los verdaderos motivos de la cacería política emprendida por el “cordero” contra una Cabeza de Vaca.
El ataque frontal contra el gobernador tamaulipeco que emprendió no solo la Fiscalía General, sino a la Unidad de Inteligencia Financiera, diputados locales, federales y senadores todos de Morena y hasta el mismísimo presidente en sus arengas mañaneras consiguieron amedrentar, congelar, principalmente, a los mandatarios de las entidades en las que se renovó su poder ejecutivo estatal.
No solo los amedrentó sino que, posiblemente, algunos habrían preferido colaborar con la causa cuatrotera ante la evidente amenaza: si a un gobernador constitucional, en funciones, con más de un año de mandato por delante lo tengo a salto de mata y al borde de la prisión, imagínate tú que vas a perder el poder y el fuero en cuestión de semanas.
Así, pareciera que los más colaborativos con el régimen o más asustados o contra los que tenían más elementos para amagarlos fueron mandatarios priistas, porque fue justo en esas entidades donde el presidente consiguió que sus pupilos de Morena o de partidos aliados se quedaran con el poder estatal. Esta es la historia de Sinaloa, Tlaxcala, Sonora, Colima, Zacatecas, Guerrero y Campeche, así como San Luis Potosí.
Una cosa es perseguir y castigar la corrupción y otra muy distinta es utilizar a las instituciones públicas con fines electoreros para fortalecer al régimen central. Un terrible retroceso en la vida democrática y federalista de México. _
Celso Mariño
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