En México, a fines del siglo XIX, los ministros de la Suprema Corte de Justicia obtenían sus cargos por elección indirecta, según estaba previsto en la Constitución de 1857. Los ministros estaban en realidad sometidos a la voluntad del Presidente, que controlaba los comicios por medio de las autoridades de los estados (gobernadores y jefes políticos). El Poder Ejecutivo intervenía, así, en la conformación del Poder Judicial, en perjuicio de la justicia en México. Eso ocurría en el periodo que Daniel Cosío Villegas llamó la República Restaurada (1867-1876) y también en el que llamó el Porfiriato (1876-1911).
En la primavera de 1892, Porfirio Díaz fue apoyado para ser reelecto por un grupo de jóvenes entre los que destacaban Justo Sierra, Rosendo Pineda y José Limantour. Sierra deseaba impulsar un conjunto de reformas junto con la reelección, inducir al Presidente a adoptar esas reformas como programa de gobierno. En el discurso que leyó a la convención de la Unión Liberal, extraordinario, afirmó que no debían limitar sus trabajos a la reelección, sino sentar las bases de una organización más sólida, para dar voz a las aspiraciones de México.
Con el fin de concretar esas aspiraciones, dijo, proponía reorganizar los ramos de la administración para disminuir el presupuesto de la Secretaría de Guerra; dar solidez al régimen de impuestos en el país; quitar las trabas del comercio entre los estados, mediante la supresión de las alcabalas; extender la instrucción a todo el pueblo; garantizar la inamovilidad de los jueces, para propiciar su independencia, su competencia y su responsabilidad; reforzar la libertad de prensa, y proponía, en fin, instaurar la Vicepresidencia de la República.
En el verano de 1893, Sierra tuvo una entrevista con el presidente Díaz para exponerle el proyecto de reformas a la Constitución que, con su autorización, presentaría al Congreso para dar cumplimiento a las promesas hechas el año pasado por la Unión Liberal. Entre las reformas destacaban la inamovilidad del Poder Judicial, la creación de la Vicepresidencia de la República y el replanteamiento del Artículo 7º para garantizar la libertad de prensa en México. Díaz estaba opuesto a la Vicepresidencia, que creía destinada a ser un foco de intrigas contra la política del Presidente (“y aun contra su misma persona”, según confiaría a Limantour).
También estaba opuesto a que los delitos de imprenta fueran de nuevo juzgados por los jurados populares de la Ley Zarco, que tenían ventajas (“porque se fundan en la honra de la conciencia e ilustración del pueblo”) pero también desventajas (“porque, por desgracia, esas cualidades no son comunes”), por lo que era contrario a modificar el Artículo 7º de la Constitución. Aceptó dar su aval, sin embargo, a la propuesta de la inamovilidad de los jueces, sin comprometer su apoyo, pero garantizando la libertad de discusión en el Congreso. Así comenzó el célebre debate sobre la inamovilidad del Poder Judicial, que Sierra juzgaba indispensable para afianzar la independencia de los jueces y los magistrados que administraban la justicia en México. Justo Sierra proponía que los jueces no fueran electos, sino designados, para ser inamovibles.
