Oaxaca es el primer estado de nuestro país en realizar un proceso de retorno seguro, planeado, ordenado y participativo de personas desplazadas en la comunidad de Guadalupe Victoria. Un hecho que marca un hito en la historia de nuestro estado, después de que este problema fue invisibilizado e ignorado por los gobiernos del pasado.
Debemos recordar que es hasta el gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, en 2019, cuando se reconoce el desplazamiento interno de personas como un problema que afecta a miles de familias en todo el país. Sin embargo, no es sino hasta 2022 cuando el tema adquiere mayor relevancia al recibir en México la visita de la relatora de Naciones Unidas para evaluar este fenómeno.
A partir de estos antecedentes y del reconocimiento de que este problema afecta a comunidades de nuestro estado, en el gobierno de la Primavera Oaxaqueña presentamos la Ley Estatal Sobre el Desplazamiento Forzado Interno, que recientemente fue aprobada, con el propósito de visibilizar el problema y atender a las familias afectadas.
De forma paralela a la presentación de la Ley, desde 2023 iniciamos un diálogo con todos los sectores de las comunidades afectadas por este problema, en particular las de San Pedro Ocotepec, San Juan Juquila Mixes y Guadalupe Victoria, con la intención de poner en marcha un protocolo asistido en el que participaran las familias para garantizar un retorno seguro y digno a sus comunidades de origen. Es decir, un proceso planeado, ordenado y participativo.
Debemos decir que, tanto la Ley aprobada como el protocolo implementado en este proceso, tienen como base los principios rectores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y ha contado con el acompañamiento de la Acnur, Agencia de la ONU para los Refugiados.
Para lograr un proceso de paz duradera, nuestro enfoque ha sido diferencial, étnico, con perspectiva de género, etario y reconociendo la diversidad en las comunidades, con el que hemos iniciado un retorno gradual de las 102 familias afectadas en Guadalupe Victoria, garantizando el derecho al libre tránsito y a los demás derechos que también son afectados por el desplazamiento forzado interno: acceso a una vivienda digna, servicios de salud y educación, entre otros, a través de una serie de acciones y programas de gobierno que estaremos instrumentando de forma permanente.
Para el gobierno de la Primavera Oaxaqueña, estas acciones tienen un alto valor político y moral no sólo porque es un paso en la construcción de un nuevo pacto social para la convivencia pacífica y segura de nuestras comunidades, sino porque es un acto de justicia para las familias que habían perdido su historia y su patrimonio contra su voluntad, familias que habían sido ignoradas por el Estado y obligadas a vivir un calvario de abusos, persecución y violación sistemática de sus derechos fundamentales.
Hoy en Oaxaca comenzamos a escribir un nuevo capítulo de nuestra historia, fincado en la paz, la justicia y la dignidad de nuestras comunidades.
