Ha quedado claro que el presidente López Obrador, frente al grave problema de violencia e inseguridad que heredó de los sexenios pasados, ha optado por la salida fácil: traigan a los militares. Y a los militares y a algunas, pocas, fuerzas civiles les ha dado un regalo: el incremento de los delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. Los resultados son los que son: en Palacio Nacional hay unos datos, en las calles otros.
La figura es inconstitucional —no es que eso importe a Palacio— y viola nuestros acuerdos internacionales; la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya dijo “que el artículo 19 de la Constitución era contrario a la Convención Americana. La Corte advirtió que esa norma no menciona las finalidades de la prisión preventiva, ni los peligros procesales que buscaría precaver, ni tampoco la exigencia de hacer un análisis de la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas para los derechos de la persona procesada, como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad”.
La apuesta de Claudia Sheinbaum para el tema de seguridad es Omar García Harfuch, quien fue su secretario de Seguridad en CdMx y obtuvo buenos números —más allá de la discusión sobre los homicidios y las muertes no aclaradas—.
Ayer en un foro del equipo de campaña de Claudia, interrogado sobre si se podía aplicar la estrategia utilizada en la capital en todo el país, García Harfuch terminó diciendo: “Los delitos no bajan si no detienes a quien los comete y en eso estamos convencidos que hay que replicarlo a nivel federal”. Porque detener es a lo que se dedicó Omar. Esa fue la estrategia de García Harfuch, arrestar, que no es lo mismo que justicia.
Un reporte reciente de la organización Intersecta y Animal Político reveló, por ejemplo, que en Ciudad de México “100% de las personas recluidas en prisión durante 2020 no tuvieron un juicio, ni se les probaron los delitos. Solo prisión preventiva”.
“Apenas el 14 de octubre pasado, la fiscalía de CdMx presumió que cada día 63 personas van a la cárcel gracias a la prisión preventiva. Esas 63 personas permanecerán encarceladas mientras se realiza el juicio”. En CdMx, a 60% de los imputados se les señala por supuestos robos o narcomenudeo, que en realidad es posesión pero necesitan convertir el delito en otro para guardarlos.
Pero para qué hablar de derechos, Constitución… hoy se trata de votos. Y en situaciones de inseguridad, “todos a prisión da votos”.
