Más allá de que, como traté de contar ayer, no hay mucho que hacer con los políticos y quienes gobiernan Michoacán, es cierto también que la apropiación del conflicto y su solución de parte de la Presidenta tiene costos. Hay un cambio en la manera de gobernar y de comunicar ese gobierno entre Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador.
Es cierto que la figura del ex presidente parecía abarcarlo todo por sus maneras, su historia y sus dichos. Pero también es cierto que en muchos conflictos prefería hacerse a un lado, hablar de otras cosas, cuidando que el costo político de esas cosas no lo afectara. Siempre había otro que “era el culpable” o, en los casos en que no había cómo, que otro dentro del “movimiento” lo resolviera y en silencio.
No se habló mucho, creo que nada, de centros de migrantes después del trágico incendio que dejó muertos a decenas de ocupantes de aquel terrible lugar. Como poco se habló del fracaso del culiacanazo o la masacre de la familia Le Barón o la explosión de Tlahuelilpan. No hubo frente a esos asuntos grandes planes anunciados en Palacio Nacional con todo el gabinete.
La presidenta Sheinbaum tiene otro estilo de gobernar, administrar y comunicar, qué duda cabe. Lo dicen sus biógrafos y sus cercanos, su manera de involucrarse en cada detalle, en decidirlo casi todo. El problema es cuando eso se hace público o tan público.
Escribí ayer que los políticos michoacanos —seré generoso— no sirven para mucho; se entiende que la figura presidencial esté en el centro, pero hay consecuencias.
Cómo olvidar aquella foto de Calderón con los militares y haciéndose el militar. O qué tal Peña Nieto, que ante la crisis michoacana decidió mandar a un hombre muy cercano a él desde que era gobernador de Estado de México a una especie de virreinato, controlado desde Los Pinos, efectuando el plan de Los Pinos, que tampoco funcionó. Aquello de Michoacán no marcó a Peña como a Calderón, porque Ayotzinapa. Al final de aquel sexenio, los asesores cercanos a Peña se lamentaron siempre de haber atraído el tema, de hacerlo un asunto federal que terminó con aquello de que “fue el Estado”. Irremediablemente eso pasa.
No es que esté mal que un presidente o una presidenta asuman responsabilidad. Pero tiene costos políticos. Tendría, por supuesto, también beneficios de lograrse algo.
Pero si uno voltea a ver la historia de Michoacán, el último cuarto de siglo y los planes y esfuerzos hechos… pues no apostaría mucho.
