Es evidente que de un tiempo para acá en las marchas políticas y sociales de oposición aparece un grupo violento, el llamado bloque negro y no necesariamente el mismo cada vez, con una agenda centrada en la confrontación física con la policía y el daño a la propiedad pública y privada. La manifestación de este sábado tampoco fue la excepción, pero alcanzó una escala mucho más intensa y agresiva. Dos horas de enfrentamiento entre policías armados solo con escudos y vándalos preparados con diversos instrumentos para lastimar.
Es más que evidente que se trata de grupos de choque organizados para generar un espectáculo mediático y un efecto político; y también es obvio que se trata de elementos ajenos a los responsables de la convocatoria y a la gran mayoría de los manifestantes. El sábado pasado el grupo de choque ni siquiera fingió que formaba parte del contingente de marchistas que recorrió varias calles del centro antes de arribar al Zócalo; el bloque negro llegó directamente a tirar las vallas que protegían Palacio Nacional y a provocar una respuesta de la policía.
Solo la investigación podrá dilucidar cabalmente quiénes son estos provocadores. Es urgente indagarlo y, la verdad, las autoridades se están tardando porque esto lleva ya varios meses. Pero al margen de las líneas de investigación, habría que convocar a los actores políticos y mediáticos a resistir la tentación del uso instrumental de la acción de estos grupos de choque para llevar agua a su molino. ¿A qué me refiero?
Gobierno y oposición saben que este bloque violento persigue su propia agenda, presumiblemente desestabilizar e intoxicar el ambiente político y social. Y, sin embargo, a pesar de saberlo, terminan siguiéndole el juego en la medida en que el impacto de estas acciones violentas es utilizado, tanto por autoridades como por comentocracia y oposición, para criticarse mutuamente. Por ejemplo, cuando el gobierno afirma la incongruencia de una marcha en contra de la violencia que recurre a esta belicosidad; o señalando las muchas veces que López Obrador llenó el Zócalo sin que hubiese vandalismo, a diferencia de lo que hoy sucede con la oposición. Qué bueno que este tipo de grupos no fueron utilizados por una mano oculta en aquellos plantones y marchas, porque en el fondo nadie está exento de esa posibilidad. Mientras la investigación no diga lo contrario, me parece incorrecto el discurso de la autoridad atribuyendo estas agresiones a una manifestación política convocada por sus adversarios. Por el contrario, el gobierno tendría que ser el primero en insistir en que estas acciones no forman parte del espacio de debate político que hoy existe entre una fuerza en el poder y su oposición.
E igualmente irresponsable resulta la complicidad de dirigentes de la oposición y de comentaristas que intentan “vender” la noción de que el enfrentamiento es resultado del carácter represor del gobierno de la 4T. La policía no intervino en contra de una marcha de manifestantes pacífica, respondió a la agresión de este bloque negro que vino directamente a buscarla. En cualquier país del mundo el Estado está obligado a impedir que una turba violenta ingrese a la casa de gobierno, sea Blanca, Rosada o el 10 de Downing Street. Se trataba de un grupo de choque que no buscaba una mesa de negociación o planteaba un pliego petitorio; simple y sencillamente perseguía una confrontación física con la autoridad. No importa qué partido hubiese estado en funciones, la respuesta tendría que haber sido la misma, salvo que en esta administración la policía se abstiene de usar garrotes e invariablemente el choque deja un saldo de heridos más alto entre las fuerzas del orden que entre los vándalos. Algo que no ha sucedido en otros países ni en otras épocas.
No obstante, a sabiendas de que se trató de un grupo de reventadores ajeno a los marchistas, este lunes los diarios se llenaron de columnas con títulos irresponsables sobre “la marcha reprimida”, “el verdadero rostro de Sheinbaum”, “la marcha violenta”, “la intolerancia de la 4T”. Una cosa es exigir la investigación del abuso de algún policía que durante el zafarrancho respondió de manera violenta e ilegal y otra querer convencernos de que la defensa de Palacio frente a este grupo es un acto de represión en contra de la oposición. Los mismos que hacen esa crítica habrían convertido en una muestra de debilidad o de ausencia de Estado el éxito de los vándalos, si estos hubieran entrado a las oficinas presidenciales y destruido archivos o mobiliario.
Puede entenderse que la autoridad intente descalificar una marcha política en su contra y, de igual forma, que los inconformes den cuenta de la razón de su molestia respecto al grupo gobernante. Sucede en todo el mundo. Me parece que es una mala estrategia que la Presidenta haya mostrado la millonada de pesos gastada en bots para convocar a la marcha con el ánimo de cuestionarla o que la oposición intente disfrazarse de Generación Z con tal torpeza. Pero se vale; es parte del discurso político.
Lo que no se vale es, insisto, aprovechar la intervención de un grupo ajeno a la arena política para sacar raja y lastimar a su adversario. Al hacerlo aseguran el éxito de estas provocaciones. La violencia política comienza así a tener un uso. Igual que al terrorismo, la única manera de erradicar este recurso es aislándolo. Los actores políticos tienen que separarlo de sus propias cuitas y discusiones, y repudiarlo por no ser parte de las formas que el país desea para resolver la cosa pública.
Discutamos sobre todo lo demás. Hay dos proyectos de país, cada uno con sus propios matices, que se disputan el poder y la opinión pública. En esa confrontación hay juegos y artimañas, discurso y estrategia; a veces los dichos y acciones son impecables y legítimos, otras veces imprudentes y burdos. Pero hay algo en lo que gobierno, oposición y medios tendríamos que estar de acuerdo: que la violencia no se convierta en parte del juego político.
En suma, además de hacer las investigaciones pertinentes sobre lo que sucedió el sábado, el gobierno tendría que reconocer y divulgar que los vándalos no formaban parte de la organización de la marcha; la oposición, a su vez, tendría que ser la más interesada en repudiar a estos grupos, en lugar de sobredimensionar y rasgarse las vestiduras por la reacción que consiguieron de parte de la autoridad. Y todos, actores políticos, medios y periodistas, tendríamos que ser unánimes en el rechazo de esta estrategia encaminada a la desestabilización y asumir que el Estado está en la obligación de impedir, de acuerdo con la ley y protocolos vigentes, el allanamiento violento de la sede del poder, sin importar quien lo ocupe.
