Este lunes 13 de octubre en La Mañanera, los comuneros de Mezquitán por segunda ocasión le hicieron llegar a la presidente Claudia Sheinbaum una carta donde relatan el despojo de sus tierras a manos de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Fiel a su costumbre, el Gobierno Federal ha seguido dando largas al conflicto que sostiene con la comunidad indígena a quien debe indemnizar por la utilización de casi 27 hectáreas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Saltillo.
Se trata de una ocupación de tierras ocurrida en 2004 y que suma ya 21 años de litigios agrarios y exigencias por parte de los integrantes de Mezquitán, que han visto cómo con el paso del tiempo han muerto varios de los comuneros originales sin que se resuelva el problema.
El 3 de marzo de 2004, en el gobierno de Vicente Fox, fue celebrado el convenio de uso de las tierras para las mencionadas obras, con la promesa de depositar el 50 por ciento de la indemnización conforme al monto estipulado por la entonces Comisión Nacional de Bienes Nacionales, lo que nunca sucedió.
Tres años después, el 7 de mayo de 2007, ya en el gobierno de Felipe Calderón, fue efectuado un nuevo convenio con la comunidad indígena para el pago de las tierras con una estimación de 145 pesos por metro cuadrado por parte del Instituto de Administración de Avalúos de Bienes Nacionales INDAABIN), pese a que las tablas catastrales municipales estimaban el precio en 435 pesos.
El avalúo fue fijado en 39 millones de pesos y fue entregado el 10 por ciento, unos cuatro millones de pesos; posteriormente se entregaría el 40 por ciento, es decir, 16 millones de pesos y después completar el 50 por ciento restante, cantidades que tampoco fueron entregadas.
La comunidad, después de años de espera, decidió interponer el juicio agrario 222/2017 ante el Tribunal Agrario 16 y el recurso de revisión 125/2022-16, y tras varios años de litigio fue resuelto a favor de Mezquitán y en la sentencia se ordenó a la ahora Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) pagar la indemnización.
Como parte del proceso, los representantes legales y de la comunidad indígena han sostenido varias reuniones con directores del Centro SICT. En una de las más recientes se hizo una propuesta a los comuneros, pero la cantidad ofrecida no cumplía lo establecido en la sentencia que ordena que los valores sean actualizados.
Sólo que, para esta situación, es necesario un nuevo avalúo por parte del INDAABIN mismo que tiene un costo de 650 mil pesos.
Los comuneros pidieron a los diputados federales que incluyan en el presupuesto una partida para que la dependencia pague la indemnización, también enviaron una carta al ex presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora a la presidente Claudia Sheinbaum.
Pese a esta historia de desencuentros, los integrantes de la comunidad reconocen la propuesta de la SICT como un punto de partida, por lo que podrían presentar una contrapropuesta para allanar el camino y tener una solución definitiva.
No obstante, después de más de 21 años de eludir el pago por la ocupación irregular de las tierras de la comunidad indígena, tendrían que matizar su optimismo porque el gobierno federal no suele cumplir sentencias ni pagar.
El mejor ejemplo es el caso del ejido El Zapote. Ganaron todos los juicios por el despojo de las tierras para el aeropuerto y el gobierno federal fue sentenciado a indemnizarlos, pero después de años de tortuguismo, el Grupo Aeroportuario del Pacífico terminó cubriendo la deuda.
En la historia de promesas incumplidas con Mezquitán, sólo en una ocasión mediante un oficio se ordenó el pago a los comuneros. Fue el 9 de mayo de 2007, el director general del Centro SCT Jalisco, Reynaldo Guajardo Villarreal, mediante el oficio SCT 6.14.303.408.0316/2007, ordenó a la administración que se elaborara el cheque para la comunidad puesto que ya tenían el avalúo.
El oficio terminó en la carpeta de la palabrería oficial de siempre. La de las estrategias dilatorias.
