Pese a que existe amparo ratificado por un tribunal de distrito, el Gobierno del Estado, por medio del Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud Jalisco, respondió que no puede cumplir con la sentencia, ya que un crédito fiscal por 515 millones de pesos fue anulado y no puede reponer un procedimiento de adquisición de un servicio de defensa que ya no es necesario.
Al agotarse el plazo para responder la sentencia, mediante oficio OPDSSJ/DJ/CONT/2284/2025 en el juicio de amparo indirecto 945/2024, la autoridad detalla la imposibilidad del cumplimiento.
El coordinador jurídico del organismo, José Luis De Lara Huerta, promueve la figura de “Incidente Innominado para determinar la Imposibilidad Material o jurídica para dar Cumplimiento a la Sentencia Amparadora”, para evitar incurrir en una desobediencia que lleve a los funcionarios a ser destituidos del cargo y consignados.
En la exposición menciona que el 20 de octubre de 2023 se declaró la nulidad del crédito fiscal 500-30-00-04-02-2022-02062 que dio origen a la licitación LCC-041-2022. Señala que la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en expediente 8339/22-07-02-2-OT ratificó la anulación del cobro.
El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa ordenó al OPD Servicios de Salud Jalisco dejar sin efecto el fallo del 30 de septiembre de 2022, incluyendo el contrato por 17 millones 953 mil pesos a Monty Servicios Contables, S.C. y pidió reponer todo el procedimiento al considerar ilegal la licitación.
Pero la dependencia alega que, al anularse el crédito fiscal, ya no existe causa válida. En su afán de acreditar esto, el área jurídica no tiene empacho en incluir la demanda 4132/2024 del Tribunal de Justicia Administrativa que Monty Servicios Contables, S.C. interpuso contra Salud Jalisco por incumplir el contrato OPDSSJ-DJ-223-2022 en el pago del 50 por ciento de los honorarios por la defensa ante el SAT.
La Cuarta Sala Unitaria condenó al organismo a pagar ocho millones 976 mil pesos en virtud que el despacho asegura que anuló el multicitado crédito. Y a pesar de que Salud Jalisco tampoco ha cumplido esta sentencia –no ha pagado, pues decidió apelar el fallo–, decidió presentarla como prueba a su favor.
Sin embargo, la empresa Núñez López Consultores, S.C., que fue quien presentó el amparo contra la licitación ilegal, argumenta que no se anuló la deuda que el Gobierno de Jalisco tiene con Hacienda.
La abogada María Catalina Núñez Cué, representante legal del despacho afectado, en respuesta al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el juicio de amparo 945/2024, desmiente que las necesidades de la licitación LCC-041-2022 han dejado de existir, ya que la sentencia del 20 de octubre de 2023 no anuló la deuda, sino que fue para efectos de reponer el procedimiento.
De acuerdo con la sentencia contenida en el expediente 8339/22-07-02-2-OT del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, fueron impugnados los requerimientos del SAT (no la deuda de 515 millones), por lo decidió anular el oficio 500-30-00-04-02-2022-02062 que contiene el crédito fiscal, al haberse extralimitado la autoridad fiscalizadora al requerir datos no contemplados en las leyes.
No obstante, la misma sentencia señala que con ello no se impide a la autoridad competente “ejercer sus funciones discrecionales, que ante la violación analizada no puedan ser vedadas”, por lo que, si así lo considera, “deberá reponer el procedimiento” con la única condición de no efectuar exigencias que impongan cargas adicionales.
Y el SAT así lo hizo. El 27 de junio de 2025, en cumplimiento a la sentencia referida, le notificó otra vez el crédito fiscal 500-30-004-02-2025-03967 al OPD Servicios de Salud Jalisco por el orden ahora de 575 millones 597 mil pesos. En el desglose, 236 millones 131 mil pesos son por retenciones de salarios, servicios profesionales y arrendamientos; 184 millones 950 mil pesos son por recargos y 154 millones 515 mil pesos por multas.
(La historia completa en www.paraleloveinte.com).
