Durante el tiempo que encabezó la presidencia municipal de Tlaquepaque, María Elena Limón, solía presumir que eran el “municipio más transparente de Jalisco” porque acumulaban el mayor número de solicitudes de información.
Era, por supuesto, una equivocada apreciación. Si recibía tantas peticiones es porque evidentemente los ciudadanos tenían que acudir a este recurso para poder enterarse de lo que el ayuntamiento y el portal oficial no transparentaban.
Por lo demás, la mayor parte de los “sujetos obligados” a tener la información fundamental al alcance de los ciudadanos, lo hacen de una forma tan compleja en sus respectivos sitios de internet, que tendría que impartirse en las universidades la materia de “búsqueda fundamental de información”.
A este panorama habrá que sumar ahora la desaparición del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), cuya sentencia sucedió en junio pasado y que para efectos prácticos apagó las luces hace unos días cuando dejó de recibir solicitudes.
Sus funciones —garantizar el acceso a la información pública, la protección de datos personales y la supervisión de sujetos obligados— serán asumidas por la Contraloría del Estado de Jalisco y por las áreas internas de cada ayuntamiento, poder público y ente estatal. Con esto se pone fin a un modelo de vigilancia ciudadana que operó durante dos décadas y que hacía efectivo un órgano autónomo.
En estos 20 años de existencia, el ITEI resolvió miles de casos y tan solo en lo que va de 2025 cerró con casi 13 mil asuntos y acumuló más de 1.7 millones de peticiones de información desde su creación.
La reforma constitucional impulsada desde el sexenio del ex presidente López Obrador ordenó la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y las instituciones similares en los estados.
La reforma provocó reacciones inmediatas entre colectivos ciudadanos, académicos y partidos de oposición en Jalisco, que coincidieron en que desaparecer el organismo autónomo es un retroceso, ya que concentra el poder en el ejecutivo estatal.
Otro cuestionamiento es que la Contraloría —por su propia naturaleza— tiene funciones de vigilancia interna del gobierno, lo que puede generar un conflicto de intereses al asumir también la evaluación externa del acceso a la información.
Al momento de la extinción se estimaba la existencia de más de 9 mil solicitudes y recursos de revisión pendientes. Todos esos asuntos deberán ser transferidos a la Contraloría, que no contaba con un marco jurídico secundario actualizado ni un protocolo definido para recibir expedientes, lo cual ha generado incertidumbre sobre plazos, continuidad y protección de derechos para los solicitantes.
Para los ciudadanos que han utilizado la transparencia como herramienta —periodistas, activistas, académicos y organizaciones civiles— el cambio representa un reto mayor. La centralización en la contraloría y la dispersión en órganos internos pueden traducirse en más burocracia y procesos confusos.
En el fondo de la información recabada por la vía de transparencia, figura inevitablemente el tema de la impunidad. Si bien a nivel nacional hubo casos de escándalo suscitados a partir de información obtenida por este mecanismo, en el estado pocos temas alcanzaron a llegar a carpetas judiciales con castigo para los abusos.
Un ejemplo es el expediente del programa A Toda Máquina, en el gobierno de Enrique Alfaro, donde quedaron expuestas anomalías y no hubo castigo para los responsables.
El Congreso del Estado tiene como plazo enero de 2016 para habilitar leyes secundarias que puedan arrojar luz al panorama de la transparencia en Jalisco. Y aunque hasta el propio gobernador Pablo Lemus ha prometido que será un modelo abierto y ejemplar de rendición de cuentas, hay fundadas dudas de que los “sujetos obligados” en municipios y en el estado, muestren con la mano derecha lo que hace la mano izquierda.
