En dos administraciones seguidas, los gobiernos de Movimiento Ciudadano consiguieron, bajo amenazas de multas, lo que gobiernos del PRI y el PAN no pudieron lograr por la oposición ciudadana:
Imponer un programa de verificación vehicular, lanzar un reemplacamiento y aplicar un aumento del 47 por ciento a la tarifa del transporte público.
Durante varios sexenios, los priístas buscaron sin éxito poner en marcha distintos modelos de afinación controlada o verificación vehicular, con el argumento de combatir la creciente contaminación que ahoga la metrópoli.
Pero en la gestión de Enrique Alfaro fue implementado un programa de verificación vehicular mediante una cuestionada licitación otorgada a la empresa estadounidense Worldwide Environmental Products, Inc. (WEP), quien obtendrá ganancias por unos tres mil 600 millones de pesos a lo largo de 15 años de la concesión.
Se trató de un contrato poco claro y que otorga amplias ventajas a WEP, que recibiría una cuota anual garantizada, aunque no acudiera el volumen de autos a los verificentros, como sucede con el subsidio que otorga ahora el gobierno estatal.
Según cifras oficiales, en este 2025 superaron el millón de unidades verificadas, sin embargo, un 32 por ciento de los autos no pasaron la revisión y la calidad del aire en la metrópoli fue peor que un año antes. En 2025, fueron 239 días con mala calidad del aire por 187 de 2024.
En 2007, el entonces gobernador panista Emilio González Márquez pretendió aplicar un reemplacamiento en Jalisco por el cual 2.3 millones de vehículos tendrían que cambiar las láminas a un costo de mil 200 pesos por unidad.
No obstante, las presiones ciudadanas que incluyeron movilizaciones, marchas y protestas con leyendas en miles de cristales de autos y calcomanías, obligaron al mandatario estatal a dar reversa a la iniciativa que estaba sustentada en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2000 que obligaba al canje cada tres años.
En 2014, el gobierno del priísta Aristóteles Sandoval rechazó también el reemplacamiento, aunque el estado ya tenía 12 años sin ajustarse a la norma.
Ahora, con el gobierno de Pablo Lemus Navarro, se puso en marcha un programa de sustitución de placas con el argumento de respetar la actualizada NOM-001-SCT-2-2016 para ajustarse a las medidas de seguridad establecidas por el gobierno federal.
De acuerdo con cifras del gobierno estatal, más de un millón de automovilistas acudieron al canje de placas por una estrategia que incluyó el pago de refrendo, verificaciones y láminas por 900 pesos. Sin embargo, cientos de miles de ciudadanos que no aprovecharon la “oferta” deberán pagar 2 mil 500 pesos por el nuevo juego de placas en 2026, lo que técnicamente implica un “placazo”, al estilo de Emilio, pues el parque vehicular en el estado casi alcanza los 5 millones.
Ninguna de las tres administraciones estatales anteriores se atrevieron a aumentar la tarifa del transporte público como sucede actualmente. Con Emilio González Márquez aumentó en 2008 de 4.50 a 5 pesos y después, en 2009, a 6 pesos; con Aristóteles Sandoval la tarifa subió a 7 pesos en 2013, y en 2019, ya con Enrique Alfaro, pasó a 9.50.
El aumento a la tarifa en el gobierno de Pablo Lemus es el más alto en las últimas dos décadas al pasar de 9.50 a 14 pesos, un incremento del 47 por ciento.
El gobierno estatal anunció un subsidio para que usuarios paguen 11 pesos, pero condicionado a tramitar la tarjeta naranja con una evidente intención política (como la guinda del Bienestar del gobierno federal) y pretende además una misión titánica para entregarla.
Serían un millón 500 mil plásticos en una primera etapa que comienza el 19 de enero y concluye el 31 de marzo. Pero para que esto sea posible, el gobierno debe entregar en 51 días hábiles, 29 mil 411 tarjetas diarias.
Es decir, que en los 11 módulos deberán entregarse en cada uno 136 mil 363, a un ritmo de 2 mil 673 plásticos al día y 222 tarjetas por hora, suponiendo que sean jornadas de 12 horas diarias.
Será un maratón para Ripley.
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