Hay expectativa por el paquete de reformas constitucionales que el mandatario federal presenta hoy en el marco de la conmemoración de la promulgación de la constitución de 1917.
Como sabemos, hay varias reformas que el propio presidente ha adelantado. Algunas: la reforma de pensiones, la judicial, de programas sociales, al salario mínimo, reforma eléctrica, Guardia Nacional, la prohibición del uso del fentanilo y la reforma electoral, entre otras.
Sobre la reforma electoral, cabe decirlo, hay muchas expectativas, sobre todo porque se han sucedidos dos intentos fallidos.
En abril de 2022, el presidente presentó oficialmente su iniciativa de reforma electoral con la que buscaría convertir el Instituto Nacional Electoral (INE) en Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, así como disminuir de 11 a siete consejeros electorales, eliminar el financiamiento a partidos políticos para actividades ordinarias, así como desaparecer a los llamados legisladores plurinominales. Otro objetivo era abaratar el costo de la democracia electoral. El proyecto pretendía economizar 20 mil millones, para ello también se buscaría la desaparición de los Oples, para que el INEC fuera el único organismo encargado de la organización de las elecciones. Dicha iniciativa no alcanzó las dos terceras partes en el Congreso de la Unión. El 6 de diciembre de 2022, el pleno de la Cámara de Diputados desechó esta primera reforma electoral de AMLO con 269 votos a favor, una abstención y 225 votos en contra.
El 29 de noviembre de 2022, López Obrador anunció un nuevo paquete de reformas a leyes secundarias para modificar el sistema electoral. El presidente insistía disminuir el costo de las elecciones y desterrar los fraudes. El llamado plan B pretendía modificar seis leyes secundarias. Entre ellas la Legipe, Partidos Políticos, la de Medios de Impugnación en Materia Electoral, delitos electorales y Ley Federal de Consulta Popular, entre otras.
Llamó la atención la propuesta de reducir el aparato administrativo del INE. La disminución del número de Juntas distritales, así como la remoción de 84.6% de funcionarios del Servicio Profesional Electoral Nacional. El 22 de febrero de 2023, el Senado aprobó el plan B; el proyecto fue avalado con 72 votos a favor y contra 50. Sin embargo, fue tal el grado de desaseo procedimental que los tribunales echaron abajo la iniciativa.
Ahora, en febrero de 2024, un tercer intento. ¿Después de más de años de discusión, habrá novedades? No lo creo, las propuestas esgrimidas van a ser remasterizadas. Hoy lo sabremos.
