Hace un par de años que aquellos que se dedican a estudiar la manera en que opera el crimen organizado en México comenzaron a notar cambios en las actividades de los grupos, en la manera en que hacen negocio, los objetivos de su violencia.
El ejemplo más claro, pero ni de lejos el único, es su intervención o, mejor dicho, apropiación de actividades económicas en zonas del país. La pesca en Baja California, los limones y el aguacate en Michoacán, el transporte en Guerrero, la construcción en varias zonas turísticas del país. Ellos ponen precios, ellos fijan reglas.
La añeja debilidad de las fuerzas policiacas locales ha hecho de esta actividad un negocio relativamente sencillo y muchas veces con menos violencia que cuando el mayor negocio era la droga y su transporte a Estados Unidos, menos cuando dos de estos grupos se disputan un territorio o una actividad. O cuando una autoridad o algún líder estorba.
Todo esto, parecería, es lo que ha provocado un aumento significativo en la violencia en contra de funcionarios electos, candidatos a serlo y autoridades locales en los años más recientes, porque las organizaciones criminales quieren decidir quién gobierna los territorios donde hacen negocio. Y muchas veces eso lo solucionan con violencia.
Como resumen, Sandra Ley y Javier Aparicio en un estudio reciente: “si se considera el número total de ataques criminales de alto perfil contra figuras políticas, el periodo 2018-2024 fue significativamente más violento en comparación con el periodo 2006-2012, cuando comenzó la guerra contra las drogas y aumentó la violencia.
“Trejo y Ley (2020) identificaron 311 ataques durante el periodo 2006-2012, mientras que la organización Data Cívica (2025), utilizando una metodología similar, contabilizó mil 257 ataques de este tipo durante el periodo 2018-2024. Así, con el tiempo, comparando el inicio de la estrategia militarizada contra el crimen organizado en México y la administración más reciente de López Obrador, la violencia, medida a través de ataques criminales de alto perfil, se ha cuadruplicado” (México 2024: Los riesgos del poder sin control y del crimen organizado politizado. Revista de Ciencia Política).
Esto es un nuevo reto. Uno que, como queda claro por lo sucedido en Michoacán en estos días, no será fácil enfrentar desde un Gabinete de Seguridad federal con policías estatales y municipales frágiles, si no que destrozadas. Y mucho menos echándole la culpa a algo que sucedió hace casi 20 años gracias a un presidente que se fue hace más de una década.
