La pandemia del covid-19 supone un reto mayúsculo para los sistemas de salud y para las economías de todo el mundo, pero también para las instituciones de administración de justicia. Ningún tribunal estaba preparado para una situación como esta y todos están tratando de buscar soluciones que permitan no paralizar por completo la impartición de justicia.
En un contexto de emergencia sanitaria es imprescindible garantizar el acceso a la justicia para que las personas puedan hacer valer sus derechos, sin poner en riesgo la salud, la vida y la integridad de la población, cuya protección en estos momentos resulta prioritaria. En este sentido, es necesario adoptar medidas inmediatas, que permitan dar la mayor efectividad posible a los derechos humanos, que sean respetuosas del debido proceso, de la igualdad procesal, y que permitan anticiparse al repunte de casos que vendrá con el gradual retorno a las actividades.
En México, el Poder Judicial de la Federación actuó con rapidez, responsabilidad y seriedad, cuando desde el 18 de marzo decidió suspender actividades presenciales, para prevenir contagios en sitios de gran afluencia como son los órganos jurisdiccionales; determinación que marcó la pauta para un número importante de tribunales del país.
La prioridad ha sido contribuir a salvar vidas sin paralizar la impartición de justicia. Con esta finalidad se implementó un sistema de guardias, que durante este tiempo ha permitido atender los casos más urgentes, tomando las medidas de prevención necesarias, incluyendo el desahogo de audiencias urgentes por videoconferencia en tiempo en los centros de justicia penal.
Ahora bien, tomando en cuenta el acuerdo del secretario de Salud del pasado 31 de marzo, por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria, en el Poder Judicial se tomó la determinación de prorrogar la suspensión de actividades jurisdiccionales hasta el 5 de mayo, período durante el cual no correrán plazos. No obstante, a efecto de avanzar hacia la regularización de las funciones, la Corte determinó que tanto el pleno como las salas sesionen de manera remota a partir del próximo 20 de abril. Asimismo, por lo que hace a juzgados de distrito y tribunales de circuito acordamos ampliar el catálogo de casos urgentes que podrán ser admitidos y aumentar el número de guardias para que haya más juzgados disponibles, con pleno apego a los lineamientos sobre número máximo de personas y sana distancia. Por supuesto, en los centros de justicia penal se continuará con la celebración de audiencias urgentes a través de videoconferencia.
Es importante destacar que la impartición de justicia es un servicio esencial que no se ha detenido. La interdependencia e interrelación de los derechos fundamentales exige, en estos momentos, la adopción de políticas públicas que permitan alcanzar el mayor equilibrio posible entre la continuación del servicio y la protección prioritaria de la salud, la vida y la integridad de la población.
Reabrir por completo los juzgados federales, justo ahora que nos acercamos a la fase más complicada de la epidemia, no solo sería inviable sino irresponsable e iría contra los esfuerzos de las autoridades de salud para reducir los contagios, aunado a que la reanudación de plazos podría dejar a muchas personas en estado de indefensión en el contexto de suspensión de actividades no esenciales. Debemos insistir, la prioridad es salvar vidas e ir retomando, en la medida de lo posible, la normalidad en la función jurisdiccional.
En el Poder Judicial seguiremos actuando con responsabilidad y solidaridad, haciendo la parte que nos corresponde para contribuir a la protección de la salud pública y para seguir impartiendo justicia y defendiendo los derechos humanos. Los retos que enfrentaremos como país en las próximas semanas y meses son enormes. Para superarlos debemos actuar en unidad, sumando talentos, sumando esfuerzos y sumando voluntades.
Una vez más agradezco a todas las personas que laboran en el Poder Judicial de la Federación, y muy particularmente a todas aquellas que han cubierto las guardias, por su profesionalismo, su entrega y su vocación de servicio. La mayor riqueza del Poder Judicial es su capital humano. No tengo ninguna duda de que juntos saldremos adelante.
