DOMINGA.– La explosión dura poco más de un segundo. Las llamas se apoderan de una lancha que salió del puerto de San Juan de Unare, en Venezuela, y sigue el recorrido unos metros más sobre el mar Caribe. Es una nave fantasma, lleva unos 11 muertos a bordo. Desde entonces al menos tres ataques a lanchas han dejado una veintena de muertos.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reivindicó el ataque “cinético” que causó esta masacre el 2 de septiembre de 2025, como una amenaza mortal a los narcos. Fue una advertencia grabada y difundida, respaldada por una armada de al menos ocho navíos de guerra y un submarino nuclear desplegados en la zona, en el marco de una ambigua misión de lucha contra el tráfico de drogas.
#AnálisisLaTabla El video de EEUU sobre la destrucción de una embarcación con drogas tipo #lancharápida en el Caribe, (supuestamente de Venezuela) muestra graves inconsistencias con protocolos operativos. Un análisis realizado por #LaTabla cuestiona su autenticidad. ???? pic.twitter.com/K1uFHLkzmM
— LaTablaBlog / Plataforma de Periodismo (@latablablog) September 3, 2025
Aunque estuvo dirigida –en teoría– a los pandilleros del Tren de Aragua, en la práctica esta ejecución sumaria ha sido entendida por el gobierno de Nicolás Maduro como una amenaza directa a su país, que llega un mes después de que el Departamento de Estado aumentara a 50 millones de dólares la recompensa que ofrecen por el líder chavista, a quien acusa de narcotráfico.
Frente a la presión, Maduro ha respondido armando a civiles y desplegando soldados en las costas y en la frontera con Colombia, con el doble objetivo de sofocar cualquier conato de rebelión interna y aplacar la furia de Trump, incautando más toneladas de droga que nunca.
“Lo que están tratando de evitar es que haya un estallido social”, dice Sebastiana Barráez, periodista venezolana, en referencia a una posible implosión provocada por la crisis económica que aqueja al país desde hace una década, la represión a la oposición y a las acusaciones de fraude que pesan en el mandato de Maduro. Pero la amenaza podría venir bajo otras formas que las revueltas sociales que el chavismo ha logrado controlar a la fuerza.
La presión que ejerce Estados Unidos “está afectando todos los cárteles que funcionan en estas rutas del Caribe, que no sólo es el llamado Cártel de los Soles [venezolano], son los cárteles colombianos, mexicanos y hondureños que funcionan en toda la frontera colombovenezolana [...], sin duda afectados por este operativo antinarcóticos”, agrega la periodista conocida por su manejo de las fuentes militares en su país.
Así que mientras el chavismo niega que Venezuela sea uno de los principales puentes para exportar los miles de toneladas de cocaína producida en Colombia, una investigación de DOMINGA retoma la existencia de una ruta clandestina que conecta Colombia, Venezuela y México desde hace casi dos décadas, y que creció desmedidamente en los últimos años.
Los archivos secretos de la guerrilla colombiana
La conexión entre los tres países se remonta a 2008, al menos, cuando surgieron los primeros indicios de una relación directa entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y altos mandos venezolanos. La mayor prueba apareció en el computador de Raúl Reyes, apodado el canciller de las FARC porque manejaba las relaciones internacionales de esta guerrilla marxista, muerto en un bombardeo en Ecuador, en el que también fallecieron cuatro estudiantes mexicanos.
Allí se halló información de un supuesto intercambio de droga por armas con un general venezolano. Aquello dio paso a una investigación en Estados Unidos que desembocó en la acusación contra el exdirector de inteligencia militar venezolana, Hugo El Pollo Carvajal, señalado en Nueva York de entregar lanzacohetes AT-4 y fusiles AK-47 a las FARC “a cambio de un alza en la producción de cocaína”.
Ante el Departamento de Justicia estadounidense, Carvajal aceptó haber enviado 5.6 toneladas de coca en un avión hasta México. Pero eso no es todo.
La relación también quedó consignada en 2010 en los correos interceptados a Rodrigo Londoño, alias Timochenko, entonces jefe del bloque Magdalena Medio de la guerrilla de las FARC. En las misivas, el futuro comandante en jefe detalla una operación de intercambio de droga por armamento ruso –y hasta uranio– que se llevaría a cabo en la frontera gracias a “los contactos que nosotros manejamos con el gobierno venezolano”, que lo mantenían informado de operativos en su contra y “nos han devuelto a gente que han capturado”.
De esa manera, lo que empezó como un flirteo entre el chavismo y la guerrilla colombiana, encontró en el narcotráfico el abono perfecto para terminar en un matrimonio criminal.
De esa época data también el nacimiento de lo que Washington llama hoy el Cártel de los Soles, que es más bien el nombre genérico dado a diferentes grupos de militares y políticos que cobran por facilitar el tránsito de productos ilegales por su territorio, llamado así por el número de insignias de soles que figuran en los uniformes de los generales venezolanos, según su rango.
Sin embargo, este idilio voló en pedazos con la desmovilización de las FARC, tras la firma de los Acuerdos de Paz en Colombia en 2016 entre el expresidente Juan Manuel Santos y el propio Timochenko, que desarmó a cerca de siete mil combatientes.
En busca de nuevas conexiones: los cárteles mexicanos
Ya sin intermediarios, los venezolanos involucrados tuvieron que acercarse directamente a los emisarios mexicanos para no dejar decaer el negocio. “Sabemos perfectamente bien que estaban trabajando con las FARC, entonces obviamente estaban trabajando con el Cártel de Sinaloa”, explica Mike Vigil, exjefe de operaciones de la DEA, en entrevista con DOMINGA. Aunque reconoce no haber visto pruebas directas que vinculen a Maduro con la organización mexicana.
Lo cierto es que la combinación de una vasta frontera con Colombia y una corrupción institucionalizada en Venezuela creó el caldo de cultivo ideal para sacar el producto por sus puertos y sus pistas de aviación clandestinas con rumbo a Centroamérica y México, otro país envuelto en un conflicto que cobija con su manto de impunidad a muchas ilegalidades.
De cualquier manera, la intermediación de quienes controlaban el envío de la coca colombiana no tardó en retomarse cuando un grupo de comandantes de las FARC se negó a suscribir el Acuerdo de Paz, mantuvo las armas y se regresó a la selva para reorganizar a la guerrilla.
Era un grupo pequeño pero poderoso, en el que destacaba John 40, el mayor narco de estos colombianos rebeldes y el hombre que, por décadas, les generó ganancias económicas. Según el relato de un guerrillero desertor, en posesión de DOMINGA, en 2019, en un campamento de ese narco en Caicara del Orinoco, un pequeño poblado en el estado de Bolívar, en Venezuela, se llevó a cabo una reunión que definió el actual destino de la guerra y el narcotráfico en la región.
Aunque los disidentes que allí se reunieron nunca lograron ponerse de acuerdo y se declararon en una guerra a muerte, Venezuela se consolidó como refugio.
Una parte de los disidentes conformó un grupo conocido como Estado Mayor Central, al que perteneció durante un tiempo John 40, y que se fue extendiendo por los estados venezolanos Amazonas, Apure y Bolívar, donde controlan decenas de minas de oro y coltán, según un informe de inteligencia militar; a veces en alianza con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, que también hizo de Venezuela su retaguardia.
La otra parte de los disidentes formó la Segunda Marquetalia, comandada por Iván Márquez. La Segunda Marquetalia de las FARC llegó incluso a ponerse de acuerdo con el Cártel de Sinaloa para exportar unas “15 toneladas mensuales de clorhidrato de cocaína”, de acuerdo con el relato que hizo en 2022 un agente de la DEA en una carta enviada a la fiscalía colombiana sobre los negocios de este grupo, que perdió dos altos mandos en atentados cometidos en campamentos que disponía en Venezuela.
Quizás el más famoso de ellos fue Jesús Santrich, un jefe guerrillero capturado en 2018 tras ser captado en video negociando el envío de cocaína a narcos mexicanos. Durante su arresto, que puso a tambalear el proceso de paz, salió a la luz pública una pintura que le dedicó él mismo a Rafael Caro Quintero con la leyenda “para don Rafa Caro con aprecio y esperanza de paz”. Pero Santrich consiguió la libertad en 2019, cuando se demostró que la venta de cocaína por la que lo acusaron fue parte de una trampa que le puso la DEA. Poco antes de que se escapara para volver a la lucha armada.
De todo este episodio, Estados Unidos se quedó con la certidumbre de que el gobierno venezolano colaboró con disidentes de las FARC y con cárteles mexicanos para enviar toneladas de cocaína –sembrada por campesinos colombianos– a su país.
Una certeza resumida en el escrito de acusación que interpuso el Departamento de Justicia ante una corte de Miami contra Nicolás Maduro, al que acusa de ser el líder del llamado Cártel de los Soles. En 1999, mientras negociaban la paz, Márquez y Santrich “acordaron trasladar algunas de las operaciones de las FARC a Venezuela bajo la protección del Cártel [de los Soles]” y comenzaron a despachar desde allí más de 250 toneladas de coca anuales por la ruta del Caribe, indicó Washington. Los cargamentos salían del estado venezolano Zulia con rumbo a Nicaragua, desde donde pasarían a México.
Luego de eso, ofreció recompensas por la cabeza de Maduro y su círculo íntimo que hoy en día superan a la que ofreció en su momento por Osama bin Laden.
Según algunas fuentes, Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo, habría clavado el ataúd del gobierno venezolano al denunciar en Estados Unidos las conexiones del gobierno de Maduro con cárteles mexicanos. Pero no se han visto pruebas fehacientes hasta el momento.
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De lo que sí hay pruebas, en cambio, es de las toneladas de coca que las FARC contrabandeaban en alianza con el Cártel de Sinaloa, por medio de playas venezolanas que dan al Caribe y playas ecuatorianas al Pacífico, desde donde salen lanchas –o avionetas– que remontan América Central hasta llegar a México, con destino final a Estados Unidos.
Por ejemplo, el narcotraficante colombiano Jorge Cifuentes Villa contó en juicio cómo se confabuló con su hermano para enviar droga de la guerrilla al cartel liderado por El Chapo Guzmán y El Mayo Zambada por medio del Pacífico, en tanto que Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, detalló que incluso se escondió en Venezuela tras ser pedido en extradición por Estados Unidos.
La cocaína, el mejor negocio de todos
Así, con el tiempo, la sombra del narco se fue alargando sobre la espalda de la cúpula chavista. Apareció, entre otras, la declaración de Leamsy José Salazar, un antiguo jefe de seguridad de Hugo Chávez que, tras desertar, vinculó al político Diosdado Cabello con el Cártel de los Soles.
También está el caso de los sobrinos de la primera dama, Cilia Flores, arrestados en 2015 por la DEA en Haití mientras transportaban 800 kilos de cocaína en alianza con las FARC y cárteles mexicanos, que golpeó directamente al régimen. Ambos fueron liberados siete años después durante un intercambio de prisioneros con Estados Unidos.
Caracas, por su parte, sigue negando en bloque estas acusaciones a la que relaciona con un “complot estadounidense” que busca desprestigiar a la cúpula gobernante. En las últimas semanas y ante la presión de Washington, Maduro incluso declaró que llevaría a cabo campañas militares contra organizaciones guerrilleras en su territorio, a la vez que aseguró haber interceptado más toneladas que nunca provenientes de Colombia. En especial, del Catatumbo, la que más concentra cultivos de hoja de coca en el mundo.
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Quizá el argumento más convincente del chavismo es el hecho de que, según la propia Oficina contra el Crimen y el Delito de la ONU y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la mayoría de la coca colombiana sale por el corredor del Pacífico, que maneja un volumen considerablemente menor. Aunque igual se trata de cantidades gigantescas que dan salida al producto que surge de las 253 mil hectáreas de cultivos de hoja de coca en Colombia –complementadas por Perú y Bolivia– que potencian la producción global de cocaína.
Al respecto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró durante su reciente visita a Ecuador que se encontraba forjando una alianza con el gobierno de Daniel Noboa para ayudarle a usar una fuerza letal contra los narcotraficantes. Dando a entender que lo importante no eran los resultados, sino la voluntad de los mandatarios y sobre todo su proximidad ideológica con Washington.
Lo que no dijo fue que la guerra contra las drogas es, en el fondo, el mejor negocio de todos para su país: el principal consumidor de cocaína en el mundo y el mayor distribuidor de las armas que facilitan las masacres cometidas por los grupos ilegales. Justifica presupuestos, moviliza ejércitos y, sobre todo, es una guerra que nunca se gana.
Es un baile de máscaras geopolíticas que lleva más de 50 años en donde todos señalan al otro, pero nadie tiene las manos limpias.
Más allá del caso venezolano, una investigación llevada a cabo por los medios Organized Crime and Corruption Reporting Project y Plan V reveló que una tía del presidente ecuatoriano Daniel Noboa dirige la sociedad Nobis Holding al mando del puerto del que zarpa la mayor cantidad de droga con rumbo hacia Europa.
Desde luego, está la condena a Genaro García Luna, exzar antidrogas mexicano –del sexenio de Felipe Calderón–, por sus nexos con el Cártel de Sinaloa, que evidencia la penetración del narcotráfico en la política. Esto sin contar los señalamientos que se han formulado en contra del grupo Trump por recibir capitales de dudosa procedencia para sus proyectos inmobiliarios tras rozar la bancarrota en los años noventa.
Mientras los discursos chocan, en las calles de Caracas sigue respirándose un aire enrarecido ante la presencia de una flota de guerra cerca de sus aguas territoriales. “La gente piensa que puede suceder algo [...], sin embargo uno no se ilusiona, después de tantas decepciones”, dice bajo anonimato Mónica, una habitante de la capital, emocionada ante la posibilidad de sacar al chavismo.
Sin embargo, el temor que la acompaña resume la paradoja que viven los habitantes de este país: el de que una invasión estadounidense pueda ser “devastadora, terriblemente violenta” y pueda sumar al país en un caos aún peor que el que vive en este momento.
GSC/ATJ
