Los fraudes digitales en Jalisco se han diversificado con rapidez en los últimos años. Desde aplicaciones de préstamos no reguladas hasta páginas falsas que suplantan instituciones públicas o comercios, los delincuentes utilizan cada vez más herramientas tecnológicas para engañar a la población.
Eso lo sabe bien Kimberly Lemus. Lo que comenzó con intentos de ingreso a sus redes sociales terminó convirtiéndose en un año de acoso, extorsión y miedo. Ella fue víctima de robo de identidad en 2023 y, aunque interpuso una denuncia ante la Fiscalía del Estado, el caso sigue impune.
Te recomendamos
“Empezaron a intentar entrar a mis redes, pero yo tenía un código y me llegaban alertas a WhatsApp. Luego comenzaron a mandar mensajes a mis contactos más cercanos, pero ya tenían toda mi información: mi INE, mi dirección, mi galería y mis contactos recientes”, relata para MILENIO.
Los delincuentes accedieron a su teléfono y redes sociales. Desde ahí suplantaron su identidad, clonaron sus cuentas y comenzaron a escribir a familiares y amigos.
“Les pedían dinero o les decían que entraran a darle like a una página o a una foto. Al responder, ellos también se volvían víctimas”, cuenta.
Una de las personas afectadas fue su prima, quien transfirió dinero creyendo que la solicitud provenía de Kimberly.
“A ella la contactaron por Messenger. Le pedían apoyo para mi emprendimiento y le dieron una cuenta bancaria a nombre de otra persona. Ella hizo el depósito sin dudar, pero luego ya no se pudo rastrear. Era una cuenta bancaria, literal, pero no se puede rastrear la IP”.
¿Cómo operan los ciberdelincuentes?
Reformar la ley para que las instituciones puedan acceder a las direcciones IP de los usuarios involucrados en investigaciones cibernéticas es, según expertos, indispensable para frenar los delitos que hoy se cometen en el entorno digital.
El académico de la Universidad de Guadalajara, Rogelio Barba, explica que los llamados delitos cibernéticos están contemplados en diferentes artículos del Código Penal de Jalisco y comprenden toda conducta ilícita cometida mediante medios electrónicos.
Entre los delitos más frecuentes en Jalisco destacan el fraude electrónico, el robo de datos bancarios, el ciberacoso y la violación a la intimidad digital.
“El Código Penal se adecua a los movimientos sociales y tiene que responder con amenaza penal, con la finalidad de prevenir estas conductas… Sería bueno que estuvieran en un solo título todos los delitos relacionados con el ciberespacio”, plantea.
La dirección IP permite identificar el dispositivo desde el que se cometió un ilícito. “Rastrear una IP es hacer una auscultación, una investigación a un aparato en el cual se encuentran datos cifrados para comprobar que se cometió un hecho ilícito o que puede ser también prueba para la defensa”, explica Barba.
Este proceso implica un análisis profundo de los equipos electrónicos, ya que “se tiene que hacer una introspección más detallada de lo que se cuenta en nuestros instrumentos electrónicos”.
Por ello, insiste en que las autoridades requieren herramientas legales que les permitan acceder a las IP de los usuarios sospechosos.
“La policía cibernética tiene que tener especialistas, ingenieros en protección de datos para analizar, investigar… Si está el indicio en un teléfono o una computadora, hay mecanismos que permiten establecer dónde se encuentran los datos más recónditos de ese instrumento”, explica.
Desde su perspectiva, sería útil que la ley permitiera el acceso a las IP en casos de delitos digitales, ya que se deben realizar varias acciones a partir de este primer paso.
“Tienen que intervenir el aparato, la computadora, el servidor o el teléfono con el que se comete el delito. Es el objeto material a analizar por un perito, del cual tiene que buscar esa información para comprobar que efectivamente la persona que posee ese instrumento cometió el delito”, agrega el especialista.
Kimberly considera que su caso refleja la urgencia de fortalecer las leyes en materia de ciberdelitos. “Es urgente reformar la ley para que se pueda acceder a las direcciones IP. Si eso se permitiera, habría más herramientas para identificar de dónde vienen estos ataques”, opina.
También insiste en la necesidad de campañas informativas que alerten sobre estos riesgos. “Yo tengo acceso a internet y aun así me pasó. Imagínate las personas mayores que no tienen apoyo ni conocimiento; el miedo es más crónico o incluso te puede generar una ansiedad al punto de no querer salir”.
Acceso a la dirección IP, arma de doble filo
Sin embargo, el acceso a las direcciones IP también implica riesgos y dilemas constitucionales. Barba advierte que esta medida debe analizarse con cautela para no vulnerar derechos fundamentales.
“Tenemos que ver que tiene que ver con un derecho inalienable, que es el derecho a la intimidad, que está en nuestra Constitución. El legislador tiene que ser muy cauto al momento de reformarlo… porque ahora estamos híper vigilados, y eso permite tener más seguridad, pero resta tus derechos”, explica.
El académico subraya que debe haber un equilibrio entre la seguridad y la privacidad, por lo que las reformas deben realizarse con el acompañamiento de “verdaderos constitucionalistas y penalistas, para evitar que se interfieran intereses de las personas”.
Barba considera que la educación digital es clave para prevenir los ciberdelitos. “Yo creo que se debe incluir desde primaria materias del uso de las herramientas tecnológicas, los límites que se pueden tener y los candados que deben existir”, propone.
Denuncia, proceso lento y sin los resultados esperados
Tras darse cuenta de que su identidad había sido robada, Kimberly publicó una alerta en redes sociales para advertir que los mensajes no provenían de ella. Después presentó una denuncia en línea y acudió personalmente a la Fiscalía. Sin embargo, el proceso no fue sencillo.
“No sabía que debía llevar una memoria con toda la información impresa. Perdí dos días porque no te atienden rápido y te piden hacerlo también en línea”, explica.
Aunque recibió asesoría virtual, dentro de la dependencia no encontró el acompañamiento esperado. “En línea sí me orientaron paso a paso, incluso me sugirieron cambiar de número, pero en la Fiscalía no sentí que me dieran las herramientas ni la seguridad de que esto se iba a detener”, lamenta.
Durante meses continuó recibiendo mensajes amenazantes. “Me mandaban videos y fotos personales, incluso de mi familia y mi perrita. Fue cuando más miedo tuve. Sentía que podían venir por mí”, confiesa.
Ante el acoso, decidió cambiar de número y reforzar sus contraseñas con nuevos códigos de seguridad.
Pese a su denuncia, no hubo detenciones ni recuperación del dinero. “Todo quedó impune. El dinero se perdió y nadie se hizo responsable”, dice con frustración.
Las autoridades le informaron que los números usados por los delincuentes podrían provenir de cárceles o ser líneas desechables, lo que complicaba su rastreo.
¿Cuáles son los ciber delitos más comunes?
Alejandro Tavera, integrante de la Coordinación de Prevención del Delito de la Fiscalía de Jalisco, advierte que la mayoría de los casos están relacionados con la obtención ilegal de información personal y el despojo patrimonial.
“Sabemos que hay situaciones difíciles que las personas recurren a estas aplicaciones de préstamos, las cuales muchas no están reguladas por la autoridad competente, y sobre ello tratan de sacar alguna información o realizarles alguna actividad que genera un detrimento en su patrimonio”, señaló.
Otra práctica recurrente es la compra-venta de artículos a través de redes sociales, donde los estafadores se aprovechan de la falta de regulación para ofrecer productos inexistentes o cobrar por adelantado.
Además, añadió, existen páginas que replican plataformas de gobierno para suplantar programas sociales y obtener datos personales o dinero de los usuarios.
“Hay algunos delincuentes que tratan de utilizar algunos beneficios gubernamentales. Replican estas plataformas para contactar o sacar información a los ciudadanos en beneficio o en espera de que reciban algún tipo de pago; les piden datos o dinero para ponerlos en primera lista, y este tipo de cosas afecta también a las personas que recurren a estos servicios”, dice.
Con las inversiones falsas en línea, donde los usuarios son atraídos con la promesa de grandes rendimientos, “les tratan de dar una contraprestación que les dicen que va aumentando. Cuando aumenta la participación de las personas en estas aplicaciones, les van generando un estimado de que su ingreso va incrementando y, pues, ellos siguen participando, siguen abonando capital… pero cuando pretenden retirar su dinero, se dan cuenta de que fue un fraude”.
De acuerdo con los registros de la Fiscalía, las mujeres encabezan los casos de víctimas de ciberdelitos, seguidas por personas mayores y, en menor medida, niños y adolescentes.
“Principalmente mujeres, ya que podrían ser las que nos ayuden con las compras de mayor tipo de productos o servicios. En segunda tenemos a las personas mayores, que los delincuentes pueden ver como un sector con alguna brecha de oportunidad. En tercera, niños, niñas y adolescentes, ya que ahora interactúan con redes sociales y es difícil identificar páginas falsas o no verificadas”, explica Tavera.
Los hombres también son blanco de fraudes digitales, sobre todo en operaciones de compra-venta de vehículos o servicios.
¿Cómo detectar una oferta falsa?
El especialista detalla que los perfiles falsos suelen tener características específicas: son de creación reciente, tienen pocos amigos o amigos que, a su vez, tampoco tienen fotografías ni trabajos corroborables. “No hay interacciones, no hay publicaciones ni comentarios”.
En cuanto a los mensajes falsos, recomendó prestar atención a los errores gramaticales, al uso de números desconocidos y al tono de urgencia o promesa de beneficios. “Un mensaje falso puede incluir algún beneficio, algún premio inesperado o un cargo que ni siquiera tienes; ese tipo de mensajes deberían alertarnos”.
Respecto a los enlaces fraudulentos, Tavera sugirió verificar siempre que contengan el candado de seguridad y el “https” en la dirección. “Si son páginas oficiales, tienen implícito el nombre de la institución. Cuando los enlaces traen letras o palabras sin relación con la empresa o dependencia, probablemente son fraudulentos”.
El funcionario enfatiza que los usuarios deben verificar a sus contactos en redes sociales y evitar agregar personas desconocidas. También pidió no compartir datos personales ni información sensible, como ubicaciones en tiempo real o fotografías de menores de edad.
“Debemos evitar compartir enlaces en vivo o el GPS de donde nos encontramos, porque eso quiere decir que estamos fuera de casa. Es información que inconscientemente vamos compartiendo y que alguien podría usar en nuestra contra”, alerta.
Los usuarios deben ser cuidadosos con las fotografías y publicaciones que realizan, ya que los ciberdelincuentes pueden utilizarlas para crear perfiles falsos o suplantar identidades.
¿Cómo se tipifica esta clase de delitos y cuántos ha habido en Jalisco?
Aunque socialmente se hable de “ciberdelitos”, este término no existe como figura legal en el Código Penal del Estado de Jalisco. De acuerdo con la Fiscalía estatal, la expresión se utiliza de manera coloquial para describir conductas delictivas cometidas a través de internet; sin embargo, en términos jurídicos, estos casos se investigan bajo tipos penales ya establecidos, como el fraude.
Los registros estadísticos disponibles en el portal Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE) muestran que, al corte del 31 de octubre de 2025, se habían iniciado 9 mil 109 averiguaciones previas o carpetas de investigación por fraude en la entidad. Aunque el año aún no concluye, esta cifra es menor respecto al total anual de 2024, cuando se registraron 11 mil 885 casos.
El comportamiento de los últimos cinco años revela una tendencia fluctuante. En 2023, Jalisco cerró con 10 mil 120 denuncias por fraude; en 2022, con 8 mil 783; y en 2021, con 8 mil 013. El repunte más notable ocurrió entre 2022 y 2023, con un incremento de más de mil 300 denuncias. Para 2024, el número volvió a subir de forma significativa, alcanzando su punto más alto en el periodo analizado.
Aunque algunas de estas denuncias corresponden a conductas cometidas por internet —como compras falsas, perfiles fraudulentos o suplantación de identidad—, la Fiscalía subraya que las estadísticas no desagregan los fraudes en función del medio utilizado.
“Las cifras de fraude incluyen diversas modalidades de comisión, entre ellas las cometidas por internet; por tanto, los números reportados engloban tanto fraudes perpetrados en línea como por otros medios”, precisó la institución.
Con el cierre del año aún pendiente, la cifra de 2025 podría registrar variaciones. En cualquier caso, el fenómeno del fraude en sus múltiples modalidades se mantiene como una de las principales causas de denuncia ante las autoridades de procuración de justicia en Jalisco.
¿Cómo denunciar los fraudes digitales en Jalisco?
Las víctimas de fraudes digitales pueden presentar su denuncia directamente en la Fiscalía del Estado, ubicada en calle 14, número 2550, entre calle 3 y calle 5, en la zona industrial de Guadalajara, o en las agencias regionales del interior.
“Cuando presenten su denuncia, sí nos podrían ayudar con una identificación oficial vigente, en original y copia, y también presentar las evidencias en tres juegos de copia”, explicó Tavera.
Las evidencias digitales se pueden entregar en capturas de pantalla de textos, mensajes, fotografías o URLs. Todo eso sirve para iniciar las investigaciones.
También se puede solicitar orientación en el número 33 3837 6000, extensión 15878, o a través de las páginas oficiales de Cibernética Jalisco en Facebook y Cibernética Jal en X (antes Twitter).
Finalmente, Tavera hizo un llamado a mantener una comunicación constante entre familiares y amigos, establecer palabras clave para confirmar identidades y verificar siempre por otros medios antes de compartir información o dinero.
“Mantengan la calma y verifiquen por otros medios si pueden contactar a ese familiar o amigo. Es importante que tengamos canales abiertos para saber si sus contactos o redes sociales han cambiado y reconocer cuándo una situación es real o fraudulenta”, concluyó.
El delito digital impacta también en la 'vida real'
Más allá del impacto económico, el daño emocional fue profundo. “Te da miedo salir, ir al trabajo o estar tranquila. Es un miedo mental que se queda. Yo todavía aviso a mi familia dónde estoy, por precaución”.
Con su experiencia, busca ahora advertir a otros sobre la importancia de la prevención digital: “Tengan siempre un respaldo de su información. Cambien contraseñas, no entren a sitios inseguros y estén en comunicación con su familia. Gracias a eso puedes darte cuenta si algo raro pasa en tus redes”.
El caso de Kimberly no es aislado. En Jalisco, muchas víctimas enfrentan procesos largos y poco efectivos para acceder a la justicia. “Yo ya tengo todo guardado por si vuelve a pasar”, dice con resignación, pero también con un mensaje claro: la protección digital ya no es opcional, sino una necesidad urgente ante un delito que puede afectar a cualquiera.
OV
