Más de 100 días lleva la violencia en Sinaloa, que tiene un saldo de más de 600 personas asesinadas y más de 500 desaparecidas, ello sin contar las afectaciones a la economía, por los miles de negocios que se mantienen cerrados, la cancelación de las reservas de hoteles en Mazatlán y los eventos que no se llevaron a cabo como la Feria de Culiacán.
El problema es que no resulta claro que la violencia pueda disminuir en el corto plazo, por el contrario, existen más probabilidades de que se incremente y que se extienda a más municipios e incluso a otras entidades, y esto se debe a que la organización más grande del país se partió en dos facciones, que son muy parecidas en poder y que tienen intereses que deben conservar, por tanto, se prevé una lucha larga y con violencia.
Sin duda se puede destacar el interés que ha mostrado el Gobierno de Claudia Sheinbaum y en especial del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quienes por cierto reconocen la complejidad del problema y que han desplazado efectivos federales a la zona. Incluso el equipo del Secretario ha tenido presencia en la zona y ya sufrió un primer atentado, en donde uno de los colaboradores perdió la vida.
El gran problema es que si alguna de las facciones del Cártel de Sinaloa deja de luchar corre el riesgo de desaparecer, porque no solo compiten contra la otra facción, sino también con otras organizaciones criminales, como es el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación, de manera que esto genera incentivos para seguir atacando, lo cual se deriva en más violencia, asesinatos y desapariciones.
Por ello, las autoridades se deben concentrar en cortar las fuentes de financiamiento, en dar golpes a sus ingresos, congelar activos, desarticular sus redes de protección política, ofrecerle a la base social del crimen organizado nuevas alternativas de desarrollo que los aleje del delito y aún así el conflicto en Sinaloa se antoja de largo aliento.
@victorsanval
