Durante las últimas semanas, nuevas barreras físicas y legales han aparecido en la frontera norte de México para impedir el cruce de migrantes que buscan llegar al país vecino al norte. Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, el instigador de estos cambios no ha sido el gobierno federal de Estados Unidos, sino el gobierno estatal de Texas.
El actual gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ha tomado una serie de medidas para enfrentar lo que su administración ha llamado una “invasión” de migrantes en el estado. La más controvertida y mediatizada de esas medidas es la ley SB4, que criminalizaría la migración irregular a nivel del estado, autorizaría que los oficiales policiacos actúen como agentes migratorios y permitiría que los jueces puedan deportar migrantes sin pasar por una corte de inmigración. Aunque ya fue promulgada la ley, todavía no está en efecto debido a las demandas en cuanto a su constitucionalidad. En efecto, la ley SB4, así como varias otras acciones implementadas por Texas, parecen ir en contra de la “Cláusula de Supremacía” de la Constitución estadunidense, que estipula que ciertos asuntos como la migración internacional son competencia exclusiva del nivel federal.
El estado de Texas lleva varios años probando los límites de esa cláusula con respecto al tema de la migración, lo que se ha vuelto cada vez más frecuente desde la elección del actual presidente demócrata Joe Biden. En 2022, el Estado empezó a enviar autobuses llenos de migrantes a otras jurisdicciones demócratas o ciudades santuario en el resto del país, lo que ha representado un gasto de 148 millones dólares para “deportar” alrededor de 102 mil personas fuera del estado. En 2023, agentes del Estado erigieron una barrera de 48 km de alambre de púas entre Eagle Pass y Piedras Negras, lo que ocasionó un conflicto con miembros de la patrulla fronteriza. Al final, el Estado fue ordenado a retirar la barrera de alambre después de una decisión de la Corte Suprema en enero de 2024. De manera similar, durante 2023, Texas instaló una barrera de casi 300 metros de boyas con púas en el río Bravo para impedir el pasaje de migrantes. Una corte de apelaciones ordenó su retiro en diciembre del mismo año, aunque un mes después otra corte decidió lo contrario; lo más probable es que el caso llegue hasta la Corte Suprema también.
A diferencia de otros momentos similares en años recientes, el servicio exterior mexicano ha sido más vocal en su oposición a estas iniciativas, aunque todavía cauteloso y prudente. La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, manifestó su oposición a la barrera en el río Bravo a su homólogo estadunidense poco después de su instalación y solicitó que se retirara. Asimismo, el Gobierno mexicano envió una nota diplomática denunciando la posible violación de dos tratados internacionales. Una revisión de la barrera por parte de la Comisión Internacional de Límites y Aguas encontró que la gran mayoría de las boyas estaba del lado mexicano de la frontera, por lo que México estuvo en su derecho de retirar esa parte de forma unilateral. Sin embargo, las autoridades diplomáticas están conscientes que reaccionar de esta manera podría resultar contraproducente y han optado por esperar e intentar pesar en la discusión legal.
La oposición a la ley SB4 de Texas ha sido notable también. A la par de las declaraciones públicas de varios miembros del Gobierno mexicano, incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Gobierno mexicano señaló su oposición mediante un escrito de “amicuscuriae” (amigo de la corte) en el marco de las demandas legales presentadas por autoridades federales, locales y miembros de la sociedad civil estadunidenses en contra de la ley. Similar al caso de la barrera en el río Bravo es importante subrayar que la oposición del Gobierno mexicano ha sido citada como factor importante en la decisión emitida por una corte de apelación que bloqueó nuevamente la entrada en vigor de la ley a finales de marzo.
La decisión final con respecto a estas iniciativas promovidas por el estado de Texas depende de la interpretación que las diferentes cortes tendrán de su legalidad constitucional. Sin embargo, los fallos recientes con respecto a la barrera en el río Bravo y la ley SB4 demuestran que las estrategias implementadas por parte del Gobierno mexicano y su servicio exterior no solo han sido tomadas en cuenta, sino que han logrado tener un impacto en las discusiones judiciales sobre el tema. En particular, el hecho que la cuestión de las relaciones bilaterales y la postura mexicana aparecen como consideraciones importantes en los escritos de los jueces es evidencia que México tiene una capacidad –restringida pero real– de influir en las discusiones sobre estos casos. Por lo tanto, es menester recalcar que existen canales y aliados locales mediante los cuales el Gobierno mexicano puede incidir de forma estratégica y constructiva con respecto al tema migratorio, a pesar de su politización extrema actual en Estados Unidos.
Benjamin Bruce*
Investigador por México - Conahcyt
El Colegio de la Frontera Norte -Monterrey
*Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien escribe. No representa un posicionamiento de El Colegio de la Frontera Norte
