Queremos instituciones de seguridad transparentes, incluso cuando se equivocan. Esta será también una promesa de campaña recurrente.
El verdadero reto es cómo, en la práctica, se rinden cuentas desde las instituciones de seguridad, incluyendo las policiales.
Partamos de que todas las decisiones que individualmente toman las y los agentes de seguridad: a quién realizarle un registro y a quién no, cuándo detener y a quién, cuándo hacer uso de la fuerza y otras tantas acciones u omisiones.
Eso supone un abanico de riesgos, en donde no solo hablamos de una satisfacción, de un interés propio del agente, sino también de intereses de tipo políticos partidistas en un actuar institucional.
Perdonando lo vulgar de la expresión, en México la rendición de cuentas en instituciones de seguridad ocurre como cuando se educa al perro a periodicazos: en la mayoría de las ocasiones no hay una intención de abrir los temas que debieran ser de interés común y tampoco, hay que decirlo, las condiciones para ello. Y nos enteramos hasta que se hace público, principalmente a través de los medios de comunicación.
Actuar con respeto a los derechos humanos desde las instituciones no es capacitar en el aula, no golpear detenidos, leer la cartilla de derechos de personas en detención, sino también de tener la disposición a mejorar las prácticas policiales.
No es un tema agradable ni para el integrante, sus mandos, la institución y el gobierno, pero la transparencia sistematizada permite legitimar el actuar y provocar una relación de confianza con las instituciones que han sido lastimadas y convertidas en entes oscuros en los que siempre cabe la teoría de la conspiración.
Al hablar de que no hay del todo condiciones para actuar con transparencia nos remite a aspectos específicos en los que tiene que haber cambios legislativos y culturales.
El primero de ellos, es que el Artículo 123 Constitucional, fracción XIII, apartado B establece que ni ministerios públicos, peritos y policías que hayan sido separados del servicio para enfrentar un proceso judicial, del que resulten inocentes pueden ser reinstalados y en dado caso, solo procederá la indemnización. ¿Quiénes serán los valientes que perderán el trabajo aunque se sepan inocentes de una conducta que deba ser sometida a procesos judiciales? El instinto básico de supervivencia provocará el ocultamiento.
El segundo aspecto se refiere a lo poco acostumbrados que estamos a que la autoridad salga públicamente a hablar de las fallas de las y los agentes de seguridad, incluso si hay sanción. La tendencia general es pensar que la corporación está en descomposición, cuando deberíamos de cuestionar que no haya información permanente de esta índole y se pretenda presentar a instituciones perfectas, porque lo que no está ocurriendo en ellas es el funcionamiento adecuado de mecanismos internos anticorrupción, disciplinarios y de supervisión. Para que quede claro: no hay policía perfecta en todo el mundo.
Las organizaciones no gubernamentales, los consejos ciudadanos y otros organismos observadores complementan los esquemas de rendición de cuentas. En este sentido, debe evitarse la contratación de instancias cómplices de supuesta evaluación externa y tener la disposición de escuchar lo que será incómodo.
La actitud de titulares de instituciones y del Ejecutivo son factores determinantes para la rendición efectiva de cuentas: escuchar, analizar, no justificar o estar a la defensiva y comprender que si el río suena, es porque agua lleva y habrá un tema que, al menos en percepción debe ser atendido.
En contraparte, quienes observan y señalan deben de alejar el tema político al de seguridad, para lograr observaciones objetivas y constructivas, no únicamente con el afán de hacer ruido mediático que les permita obtener más votos.
Porque los gobiernos y los estilos van y vienen. Y los cargos políticos también. Las instituciones deben permanecer.
Una vez terminada la partida de ajedrez, peón y reina regresan a la misma caja.
