Álvaro Bardales Ramírez, titular de la Secretaría de Controlaría en el estado, ha generado una gran expectativa en lo que respecta al seguimiento de la denominada estafa siniestra a través del procesamiento penal de 18 funcionarios vinculados al proceso de desviación de recursos públicos.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) ha iniciado un proceso de extinción de dominio para devolver al pueblo lo robado, no sólo sancionar a los funcionarios, sino también confiscar los bienes vinculados al presunto fraude.
Lo anterior, generó confianza hacia el gobernador, Julio Menchaca Salazar; sin embargo, no darle seguimiento deja una percepción negativa hacia la ciudadanía al entenderlo como impugnación o un acto político, aunque sirve de precedente a los actuales funcionarios y alcaldes para entender el alto riesgo y sus consecuencias.
Aunque el gobernador Menchaca ha insistido en que no se trata de una persecución política, sino de un compromiso real para acabar con la corrupción y sancionar a los responsables.
Lo visto hoy, es que la ciudadanía solicita la presencia ante la autoridad de la justicia hidalguense a los ex funcionarios y políticos para devolver el dinero robado, como el caso del ex alcalde de Mineral de la Reforma, quien se presume como actor intelectual de la estafa siniestra en Hidalgo y algunos otros ex secretarios del gobierno anterior, así como los dirigentes priistas quienes han sido vinculados directamente en la desviación de recursos públicos en su campaña electoral.
Hoy en día, no hay una lista pública clara y definitiva de todos los implicados, pero la percepción ciudadana exige conocer esta información para castigarles electoralmente.
Pese a todo esto, no existe una carpeta abierta, al menos no públicamente. Nos queda una pregunta, ¿quién está limitando al titular de la PGJEH para ofrecer las pruebas suficientes para juzgar a estos ex funcionarios?, o será un nuevo estilo de impunidad o juego político. Ambos pueden causar la desconfianza con el gobierno y la posibilidad de pagar la consecuencia de este acto incumplido.
