El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) está solo en la cama de la indolencia y en “coma inducido” por el Poder Ejecutivo federal y la irresponsabilidad del Senado de la república, con el peligro creciente de que sea “desconectado”.
La sentencia sobre el INAI comenzó desde 2019. La puso sobre la agenda personal de la “transformación” el Ejecutivo federal. Era cuestión de tiempo. Primero fue menguarle recursos para el cumplimiento de sus facultades y atribuciones, llevarlos a la operación con lo mínimo, cuando se le acumulaban más atribuciones.
Para marzo de 2022, cuando estaban por concluir su periodo los comisionados Óscar Mauricio Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, se comenzó a entretejer la guillotina sobre el INAI. El Senado de la república no cumplió con su facultad de nombrar a los nuevos comisionados/as entre los catorce finalistas de una lista de 40 aspirantes.
El pleno del INAI, que debe operar con siete integrantes, se quedó con cinco, al límite de su operatividad. Si alguno se enfermaba o por alguna otra razón no podría asistir a las sesiones del Pleno, máximo órgano de gobierno, quedaría sin operar. Lo “salvó” la pandemia por covid-19, pues todas las instituciones públicas pudieron sesionar de manera remota gracias a enlaces telemáticos.
El tiempo continuó y este año, en la fecha límite, el Senado se apresuró a designar a los dos integrantes del pleno del INAI el 1 de marzo: Ana Yadira Alarcón Márquez, vinculada al PAN, y a Rafael Luna Alviso, vinculado a Morena. El segundo, sin experiencia y trayectoria pública en acceso a la información y protección de datos personales.
El 15 de marzo siguiente, el Ejecutivo federal, haciendo uso de sus facultades, observó (vetó) las designaciones y el Senado debió inmediatamente someter al Pleno nuevas propuestas. No lo hizo.
El pleno del INAI, entonces se mantenía con cinco integrantes, pero sería por poco tiempo, pues el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas concluiría su periodo el último día de marzo, y con ello, el organismo constitucional autónomo quedaría con cuatro integrantes, imposibilitado legalmente a sesionar y con ello resolver asuntos, en particular recurso sobre solicitudes de información, afectando con ello el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales.
La carga y responsabilidad, así, quedaba en el Senado de la república.
El INAI, buscó mediante controversia constitucional una salida acudiendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que, en función de la garantizar los derechos fundamentales que estaban en riesgo, se permitiera al pleno del organismo sesionar con cuatro integrantes. Pero la ministra Loretta Ortiz Ahlf, cercana y proclive en sus decisiones a la voluntad del Ejecutivo federal, lo negó.
En el Senado, entre tanto, el bloque mayoritario de legisladoras y legisladores se negó a los acuerdos parlamentarios, llegando incluso a rechazar en votación la elección de al menos a un comisionado que cubriera el espacio concluido un año antes por Rosendoevgueni Monterrey Chepov.
En tanto, de manera sincronizada, desde Palacio Nacional se lanzó la narrativa de desprestigio y descalificación del INAI, y como con otros organismos, sin argumentos, e incluso con falsedades e ignorancia. Como sucede en una lógica propagandística, no importan los hechos y evidencias, sino qué y cómo se cuenta sobre ellos.
A diferencia de lo que sucedió con el Instituto Nacional Electoral (INE), el INAI está en condiciones de mayor vulnerabilidad, y para considerar en situación más crítica, los organismos locales (estados). La Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2019 (ENAID) muestra datos de preocupación.
A nivel nacional, sólo el 54.8 por ciento sabía de la existencia de una institución que garantice el derecho de acceso a la información; quienes identificaban al INAI, 46.2 por ciento.
Un elemento de mayor preocupación está en los institutos locales, donde la identificación de estos baja a 1.5 por ciento.
Ahora bien, si se observa esto por grupos de edad, quienes tenían entre 30 y 45 años de edad son quienes más saben que existen organismos para garantizar el derecho de acceso a la información (61.1 por ciento), y el grupo más joven (de 18 a 29 años de edad) está en 56.8 por ciento. En cuanto a organismos locales, el conocimiento de estos no supera el 2 por ciento.
Para el caso de Jalisco, 55.4 por ciento saben que existe una institución para ello, pero sólo 27.8 por ciento identifica al INAI y el 1.6 por ciento sabe del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI).
¿Cómo defender lo que se desconoce?, y más aún, ¿qué se va a defender si no se sabe de su existencia?
Al INE, en contrapartida, lo llevamos en el bolso, en la cartera. Sí, una credencial para ejercer derechos político-electorales, pero que está en nuestra vida cotidiana.
¿Y al INAI?, ¿al ITEI en Jalisco? Está para garantizar nuestros derechos fundamentales de acceso a la información y protección de datos personales, pero a la hora de la hora, tal parece que la “oferta” de información que promueven no atiende a las necesidades informativas para la vida cotidiana, promueve y oferta información para grupos especializados (fundamental y necesaria), pero no llega al común de la población.
La encuesta referida da pistas. Mientras los temas que genera el gobierno sobre los que escuchó o leyó son seguridad pública, narcotráfico o delincuencia, desastres naturales, servicio público de salud, apoyo a través de programas sociales, servicio de educación pública, como principales, entre los temas más consultados en la vida diaria, sin ser los principales, pero que coinciden con lo que ofrecen los gobiernos, están los relacionados a salud, desastres naturales, trámites y pagos de servicios públicos, educación y transporte público.
La crisis en que está el INAI, y en la que se prevé entrarán los organismos locales, bien puede ser una oportunidad para catapultarse socialmente, pero con información público gubernamental de interés para la vida cotidiana. La llamada “información fundamental”, aún con herramientas de consulta como la Plataforma Nacional de Transparencia, no responde a necesidades informativas de la vida cotidiana, sí a quienes son acuciosos por interés en la fiscalización de lo público (y fundamental mantenerlo, actualizarlo y hacerlo más accesible y comprensible).
Mientras el INAI y los organismos locales no estén en la vida cotidiana de las personas, prefigurarán su “desconecte”.
