Con 73 votos constitucionales de 125 ayuntamientos recibidos al 4 de septiembre pasado, y registrados-comunicados en el Congreso del Estado al 11 de septiembre, sobre el decreto 29842 de reforma constitucional en materia de acceso a la información y protección de datos personales, esta semana será clave para la casi, el nuevo modelo de “transparencia” en Jalisco se consumará y la confección de nuevas leyes que hagan operativo-garantía del derecho de acceso a la información deberán construirse finamente.
Jalisco tiene camino andado en esta segunda fase legislativa-normativa. El Congreso, en diversas legislaturas, ha tenido el tino de confeccionar leyes secundarias en materia de derecho a la información, a excepción de la tercera ley (2011), que resultó un bodrio que complicó a los sujetos del derecho su ejercicio. El yerro de esa ley fue que se elaboró en lo oscuro y desde la óptica e intereses del sujeto obligado.
De quedar esta semana cerrada la reforma constitucional en materia de transparencia (los jueves sesiona tradicionalmente el Congreso), su publicación para entrada en vigor podría ser el próximo sábado o el martes de la siguiente semana (30 de octubre). Esto último sería más factible, pues el 30 de diciembre sería el límite para diseñar la nueva Ley de Transparencia con base en el nuevo modelo.
Los 90 días posteriores a la entrada en vigor del decreto de reforma constitucional no sólo serán para confeccionar la nueva ley y armonizar otras tantas que resultarán impactadas; será tiempo para la transición al nuevo modelo donde de uno pasaremos a nueve autoridades garantes al desaparecer el ITEI.
El proceso operativo de transición es clave para evitar que la garantía de los derechos fundamentales en juego no se “suspendan”. Las nuevas autoridades garantes deberán involucrarse proactivamente. No pueden esperar a que se concluya el trabajo del Congreso para intervenir. Como corredores de relevos, deben recibir la estafeta en movimiento.
Para lo anterior, será además necesario y fundamental el acompañamiento ciudadano a la Comisión Especial para la entrega-recepción del ITEI, y que encabezará la Contraloría del Estado. Y no se trata sólo de los trámites legales y administrativos con la desaparición del ITEI en diciembre: la comisión requerirá de una labor paralela y simultánea que reduzca los riesgos de suspensión del derecho con las nuevas autoridades garantes cuando la nueva ley entre en vigor (¿1 de enero de 2026?). Jalisco no puede ni debe repetir lo sucedido en el ámbito federal y en las trece entidades donde ya desaparecieron sus órganos garantes: suspensión de la garantía mientras las nuevas autoridades garantes entran al ruedo.
