La reforma constitucional aprobada en el Congreso de Jalisco, el pasado 10 de junio, en materia de acceso a la información y protección de datos personales (derecho a saber o transparencia), que está en proceso de aprobación o rechazo en los 125 ayuntamientos del Estado, ya “pasó”. Solo falta la declaratoria y su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” para que entre en vigor y corra el plazo de 90 días para la transición al nuevo Jalisco, 72 municipios han notificado su voto (57.6 por ciento modelo de garantía de los derechos fundamentales implicados.
Con base en las comunicaciones recibidas en el Congreso de de los ayuntamientos), de los cuales 63 (87.5 por ciento) han sido a favor, y los nueve restantes (12.5 por ciento), en contra.
La reforma, a partir de la fragmentada información que los Ayuntamientos han notificado al Congreso, permite inferir que la notificación y recepción de ésta se dio en algunos gobiernos municipales, incluso quince días después de ser aprobada por el Poder Legislativo. Fecha clave para marcar el plazo constitucional de 30 días para aplicar la afirmativa ficta sobre aquellos ayuntamientos que no determinaron su voto, hayan sido la mayoría, o no, quienes notifiquen (Art. 117 de la Constitución de Jalisco).
El Congreso de Jalisco ha sido “cauto”; podría considerarse si evaluó lo que implicará la transición del modelo del derecho a saber en Jalisco con la eliminación del ITEI como única autoridad garante, y transferir esa facultad-responsabilidad a nueve autoridades en la materia (poderes, órganos autónomos y Tribunal de Arbitraje y Escalafón), y pendiente definir si la UdeG será autoridad garante, como la UNAM quedó en el ámbito federal.
La cautela o prudencia que, considero, sin embargo, al ser llevada en la sombra o bajo resguardo, en nada favorece a que la transición dé certezas y posibilite evitar lo ocurrido en ámbito federal y en los estados de la República donde ya se consumó y se generó un impasse o suspensión del ejercicio y garantía íntegra del derecho a la información y protección de datos personales.
De la reforma constitucional se derivarán nuevas leyes específicas (Transparencia y protección de datos personales) y la reforma de otras (archivos, sistema anticorrupción, leyes orgánicas de los que serán autoridades garantes, junto a reglamentos internos), además de un proceso de entrega-recepción del ITEI con la Contraloría del Estado, y de ésta con las nuevas autoridades garantes sobre los asuntos y expedientes que a cada uno les corresponderá. Para esto, habrá que trabajar con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Gobierno Federal, que preside el nuevo Sistema Nacional de Transparencia y las necesarias adecuaciones a la Plataforma Nacional de Transparencia.
¿Cómo acompañar estos procesos si desde el Congreso pareciera que no pasa nada, que no se vislumbran problemas que podrían generar crisis en el ejercicio y garantía de derechos fundamentales?
