La talla de la soberanía de un país es directamente proporcional a su desarrollo científico y tecnológico.
México cuenta con un territorio grande que nos ubica en el lugar número catorce entre las 195 naciones del mundo. Posee una población amplia, 132 millones de personas, que nos otorga el sitio número diez del globo. Suma una riqueza económica —medida en términos del PIB— que nos asigna el sitio número doce del planeta.
Sin embargo, en el tema científico y tecnológico el rezago es mayúsculo; en el mediano plazo este es el talón de Aquiles de la soberanía mexicana.
En el índice global de innovación, México se halla en la posición número 56. Esto se explica por dos razones: la inversión en investigación científica es muy limitada —apenas el 0.4 por ciento del PIB— la cual contrasta con el 2.5 por ciento exhibido por otras naciones similares. También preocupa la precarización creciente de las plazas ocupadas por el personal científico.
De acuerdo con datos actualizados del Inegi, menos del 3 por ciento de las empresas radicadas en México emplean inteligencia artificial, robótica avanzada, transportes autónomos, entre otros indicadores relativos a las ciencias aplicadas a la economía.
Contrasta este dato con el anunciado por otros países de la OCDE cuyas empresas, en promedio, en estos rubros superan el 8 por ciento y llegan inclusive a rebasar el 28 por ciento cuando se trata de unidades dedicadas a las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Es en este terreno, sobre todo, que se jugará la sobrevivencia de las sociedades en los años por venir. Los gobiernos de las principales potencias del mundo lo tienen claro y por ello están asignando cada día más recursos a este sector.
La única potencia que no se ha enterado es México. Sucede porque, a pesar del lugar que ocupamos en el mundo (por territorio, población y capital) seguimos prefiriendo vernos en un espejo que nos hace aparecer, ante nosotros mismos, como menos relevantes de lo que somos.
De otro modo, ¿cómo explicarnos la indolencia con que el Estado trata a la investigación científica y tecnológica?
A pesar de que en el discurso la presidenta Claudia Sheinbaum suele repetir que durante su mandato el país se convertirá en una potencia científica, lo cierto es que —medido por asignación presupuestal— esa promesa no cuenta con ruedas para andar.
El ya maltrecho presupuesto asignado por el Congreso para este año 2025 sufrirá un recorte de 2.46 por ciento para el ejercicio de 2026 y los fondos destinados a los programas nacionales estratégicos enfrentarán una reducción de la mitad de su presupuesto.
La tijera cae en un pésimo momento, porque se suma al adelgazamiento drástico que este sector sufre desde 2018, año en que los fondos dedicados a la investigación comenzaron a contraerse.
En el hipotético caso de que el gobierno decidiera modificar el rumbo y volver a colocar el desarrollo científico en el centro de las prioridades, el país tardaría al menos una década en regresar al lugar donde nos encontrábamos antes de que Andrés Manuel López Obrador llegara a la Presidencia y nombrara al frente del antiguo Conacyt a la peor enemiga de la comunidad científica: la doctora María Elena Álvarez-Buylla.
Otra ventana para asomarnos al deterioro de la política científica mexicana es la que permite observar las condiciones cada día más inciertas en las que los investigadores, sobre todo las personas más jóvenes, desempeñan su tarea.
Para muestra vale detenerse a mirar de cerca el programa denominado Investigadores por México (IxM) que, en vez de dignificar a esa profesión, ha contribuido a depredarla.
Para contar bien este relato hay que regresar al año 2014, cuando el entonces Conacyt advirtió que una cantidad importante de jóvenes científicos formados en el extranjero no estaba encontrando trabajo al volver al país.
Ya en aquel entonces las universidades se mostraron incapaces de contratar científicos y tecnólogos de menos de cuarenta años, porque la mayoría de sus plazas estaban ocupadas por personal que por la precariedad de las jubilaciones no se atreve a retirarse.
Para resolver esta situación se creó un programa denominado Cátedras Conacyt el cual permitió a los centros de investigación de todo el país llevarse a trabajar a personas con doctorado y posdoctorado sin tener que hacerse cargo de pagarles un sueldo. En ese momento Conacyt asignó ingresos mensuales por persona investigadora que rondaban los 30 mil pesos.
Sin embargo, a la llegada de Álvarez-Buylla, la nueva administración calificó este programa como “neoliberal,” palabra que alcanzó niveles de majadería para descalificar a todo aquello que hubiese tenido importancia previamente.
En su lugar se creó el programa IxM que, por su falta de objetivos y claridad, ha dado resultados mediocres. Para poner un ejemplo sirva decir que, en 2014, año en que se crearon las primeras cátedras, 342 personas recibieron este beneficio. En cambio, en 2020 únicamente se contrataron siete individuos. Peor aún, entre 2019 y ese año, por distintos motivos, abandonaron el programa 40 investigadores y en los años posteriores más de 880.
De acuerdo con estadística oficial, el 46 por ciento de quienes optaron por desertar el programa IxM dijeron que fue por razones personales y un 12 por ciento argumentó problemas vividos dentro del proyecto en el que participaba.
Existen testimonios suficientes para afirmar que esta desbandada se debió al maltrato recibido por las autoridades científicas del antiguo Conacyt.
La palabra “degradación” surge como una expresión frecuente entre las personas afectadas. Ilustra esta circunstancia lo que se conoce como modalidad 2 del programa IxM. Álvarez-Buylla inventó una variante del concepto de cátedras que permitió a la administración pública contratar como burócratas a científicos con doctorado y posdoctorado para que realizaran tareas alejadas a su especialidad.
En su oficina, por ejemplo, Álvarez-Buylla tenía trabajando como secretaria a una doctora en lingüística y como capturista a una mujer con posdoctorado en física.
Tan absurda ha sido esta modalidad 2 que en este año 2025 la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades y Tecnología decidió no sacar convocatoria. Es evidente que ahí adentro no saben qué hacer con este bodrio inventado durante la administración anterior.
La ausencia de recursos para desarrollar una política científica robusta en México confirmaría que la agenda de Claudia Sheinbaum, la que más le importa —según sus propias palabras— continúa relegada, porque antes ella debe cumplir con algunos de los absurdos compromisos que su antecesor le heredó.
