Si el reparto de las diputaciones se hubiese computado según el resultado obtenido por coalición, Morena y sus aliados no habrían logrado la mayoría calificada. Sin embargo, éste se realizó considerando los votos obtenidos por partido.
Tal criterio explica por qué tanto el Partido del Trabajo (PT) como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) consiguieron más asientos, proporcionalmente hablando, que otras fuerzas políticas como Acción Nacional o el Revolucionario Institucional, a pesar de que las dos últimas merecieron mayor respaldo popular en las urnas.
Las magistraturas de Janine Otálora y Reyes Rodríguez explicaron este reparto injusto de curules a partir de una laguna legislativa que debía ser corregida por el Tribunal Electoral. Mónica Soto, presidenta de ese mismo órgano, coincidió con el argumento de la deficiencia; sin embargo, rechazó poder corregirla en esta etapa del proceso electoral. Dijo que tocaría en todo caso al Poder Legislativo encontrar en el futuro una solución al problema planteado.
¿Cuál en concreto es la deficiencia referida? Pues que no debió permitirse la transferencia de votos celebrada entre Morena y sus aliados, justamente con la intención de evitar que su colación pudiese ser castigada a partir de la cláusula que pone un techo a la sobrerrepresentación.
Mientras que Otálora y Reyes consideraron una distribución diferente a la considerada por el INE, Soto argumentó que cualquier corrección a las reglas del reparto tendría que celebrarse respecto del porvenir y no a propósito del pasado.
Más allá de la resolución votada anoche por el pleno del Tribunal Electoral, trasciende el argumento de la deficiencia en el criterio a partir del cual se computaron los resultados.
Zoom: Morena y sus aliados lograron la mayoría legal que necesitan para reformar la Constitución; sin embargo, esa mayoría tiene un problema de legitimidad, porque se construyó a partir de un criterio que sobrerrepresenta a la mayoría y subrepresenta dramáticamente a las minorías.
