En 2018, más de 336 fideicomisos federales guardaban en sus cuentas 879 mil millones de pesos. Veinte veces el presupuesto de la UNAM, siete veces el de CdMx y tres veces el de la SEP de ese mismo año.
Las 32 entidades federativas, por su lado, disponen en conjunto de 326 fideicomisos, que suman por lo menos 39 mil 140 mdp al día de hoy.
Los municipios más grandes del país también han acudido a esta figura para fondear sus proyectos de gobierno.
Los fideicomisos en sí no son perjudiciales. Dotan de recursos económicos a proyectos de largo alcance, sin las restricciones ni la fiscalización exhaustiva a las que están sujetos los presupuestos públicos. Pero justo esta característica de flexibilidad y agilidad es su talón de Aquiles. El secreto fiduciario protege a un fideicomiso de la mirada escrutadora de cualquier autoridad y de cualquier abuso por parte de ésta.
Cuando el origen del dinero es privado y lícito, el fideicomiso garantiza y da seguridad jurídica a su propietario, para que se cumplan sus propósitos y mandatos, pero cuando el dinero es público, es decir, recursos fiscales de las y los contribuyentes, el fideicomiso se puede convertir en una caja negra de irregularidades, desviaciones y corrupción.
Éste es el diagnóstico que el Ejecutivo formuló para presentar su iniciativa de extinción de 110 de los 336 fideicomisos existentes, que suman 69 mil mdp. Es decir, ni se extinguen todos los fideicomisos ni el Gobierno absorbe todos los recursos fiduciarios existentes.
Se podrá argumentar que el diagnóstico de la iniciativa es sesgado, parcial y afectado de manipulación. Que es una exageración o una mentira que los fideicomisos sean un pozo negro de corrupción.
Sin embargo, además del Ejecutivo, existen organizaciones de la sociedad civil y personas estudiosas del tema que han llegado a la misma conclusión. Una de ellas es la organización Fundar, que publicó recientemente los hallazgos de sus investigaciones en el texto “Fideicomisos en México, el arte de desaparecer dinero público”. ¿Qué conclusiones alcanza? Veamos:
La evidencia muestra que persiste la opacidad respecto al uso de los fideicomisos y que no es suficiente la información que proporcionan a la SHCP en los informes trimestrales y en la cuenta pública. En estas cuentas sólo se publican montos generales que no permiten identificar los conceptos en los que se erogan los recursos públicos comprometidos en los fideicomisos, ni cuáles son sus fuentes de financiamiento. Actualmente no existe información de cómo se toman las decisiones sobre su patrimonio, ni la razonabilidad de las mismas, entre otras formas de opacidad. Por último, no se cuenta con un documento que explique, en un lenguaje comprensible, los objetivos que persigue un fideicomiso público y si éstos se logran con el tiempo.
Como muchas de las leyes, instituciones y procedimientos, los fideicomisos son figuras con nobles propósitos, pero malas prácticas y, en muchos de ellos, resultados pésimos y contrarios a sus fines originales. El debate público en este momento es ensordecedor y sórdido. Y parece un diálogo sordo. Esperemos que el debate parlamentario salga de este pantano de intereses, que no de ideas, y hallemos punto de conciliación entre legítimos intereses particulares de quienes se sienten afectados por la desaparición, e interés general de la nación.
ricardomonreala@yahoo.com.mx
@RicardoMonrealA
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Réplica de Fundar, Centro de Análisis e Investigación a la columna "Fideicomisos, debate sordo".
Ciudad de México, 21 de octubre de 2020
Óscar Cedillo, Director Editorial
Héctor Zamarrón, Subdirector Editorial Opinión
Grupo Milenio
El pasado 20 de octubre, el Senador Ricardo Monreal Ávila, hizo referencia a un fragmento de nuestra investigación de 2018 “Fideicomisos en México. El Arte de desaparecer dinero público” en su columna “Fideicomisos, debate sordo” publicada en el periódico Milenio, para argumentar y justificar la decisión de extinguir un grupo amplio de fideicomisos por parte del Poder Legislativo. Por ello, y haciendo uso de nuestro derecho de réplica, hacemos las siguientes precisiones:
1.- A pesar de que existe un marco normativo que prevé la garantía de información amplia sobre el uso y destino de los recursos en fideicomisos, así como a no obstruir a la ciudadanía de conocer estos datos a través del secreto fiduciario, las instituciones públicas no cumplen cabalmente con estas obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.
2.- Podemos afirmar lo anterior ya que, para nuestra investigación, analizamos una base de datos con 2380 solicitudes de información, entre el año 2013 y 2015, sobre el uso y destino de los recursos gestionados en los fideicomisos, de las cuales el 60% no fueron respondidas o la información fue declarada como reservada o inexistente, y el 40% restante fueron respondidas de forma parcial y en datos cerrados.
3.- Debido a lo anterior, en dicha investigación realizamos un conjunto de recomendaciones encaminadas a fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para que la ciudadanía pueda tener la certeza de que los fideicomisos que administran las dependencias se ejercen de manera adecuada y que efectivamente están cumpliendo con el fin para el cual fueron creados.
4.- Denunciar la opacidad y discrecionalidad con la que se han gestionado los fideicomisos en el pasado, de ninguna manera quiere decir que recomendamos o que respaldemos extinguir los fideicomisos de forma radical y masiva. Por el contrario, a diferencia del dinero ejercido a través del presupuesto, los fideicomisos son figuras que tienen la ventaja del uso exclusivo de recursos para el cumplimiento de los fines a los que el Estado los destina, lo cual proporciona seguridad presupuestaria para la continuidad del cumplimiento de sus fines, especialmente si hay recortes presupuestarios.
5.- Por ello, y después de estudiar los fideicomisos públicos por más de 5 años, estamos convencidas que la extinción radical y masiva no es la respuesta, por ello, instamos al Poder Legislativo, a través de distintos documentos para que se cumplieran los estándares de Parlamento Abierto, y se garantizara una amplia discusión y análisis sobre las implicaciones de esta medida a fin de que se tomara una decisión responsable.
La postura de Fundar no es desaparecer de tajo los fideicomisos, sino elaborar un diagnóstico serio que permita identificar cuáles han funcionado, cuáles tendrían que reformarse y mejorar sus procesos, y cuáles, luego de una revisión profunda, deberían extinguirse (nuestro análisis y propuestas completas pueden ser consultadas en: https://fideicomisos.fundar.org.mx/). A la fecha, no ha sido clara la racionalidad detrás de la propuesta de extinguirlos, los criterios para elegir esos 109 fideicomisos y el plan alternativo para atender, en todo caso, los fines para los cuales fueron creados.
Resulta preocupante que ante el clima de polarización se intente utilizar la evidencia recabada desde las organizaciones para empujar una medida que puede afectar a sectores fundamentales para el desarrollo del país, y vulnerar la garantía de derechos, en un proceso que además ha carecido de transparencia.
El combate a la corrupción no se logra extinguiendo fideicomisos, se logra fortaleciendo mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Fundar, Centro de Análisis e Investigación
@FundarMexico
